Los pequeños pasos no son suficientes
Hace más de 60 años que Jean Monnet trazó un plan de reconciliación y prosperidad de Europa, avanzar en la integración mediante la política de los pequeños pasos. La elección de este sistema funcionalista correspondía a que la construcción europea no se podía hacer de una sola vez, sino mediante un pragmatismo prudente, poco a poco, gracias a realizaciones concretas que establecieran vínculos de solidaridad entre los ciudadanos. La creación del euro en 1999 obedeció a este mismo enfoque funcionalista, en la idea de que progresivamente se darían los pasos necesarios para completar la unión monetaria con medidas de regulación del sistema financiero, de consolidación fiscal y de resolución de los conflictos de liquidez que pudieran plantearse a través de la creación de un fondo común de rescate.
La caída en 2008 de Lehman Brothers y las crisis financiera, primero, y de deuda, después, han obligado a modificar sustancialmente el método de integración de los pequeños pasos y acelerar cambios que se hacían inevitables en la gobernanza económica de la UE. Todo parece apuntar a que el diseño de la zona euro se va a desarrollar en dos momentos: el primero, más inmediato, se concreta en el paquete legislativo llamado six-pack, y el segundo, de mayor alcance y a medio plazo, comprenderá la modificación de los tratados. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha sido incapaz de establecer un control de las cuentas públicas y disciplinar las políticas presupuestarias nacionales, provocando una alarma que ha llevado al Parlamento Europeo a aprobar hace unas semanas un paquete de seis iniciativas legislativas que comprenden el mayor refuerzo de la gobernanza económica de la UE desde la creación del euro. La nueva normativa consolida el papel supervisor de la Comisión para evitar, con mecanismos incluso preventivos y sancionadores, los desequilibrios presupuestarios y de déficit de los Estados.
Pero los acontecimientos se suceden de forma tan vertiginosa que las medidas aprobadas ayer parecen hoy obsoletas y así, hace pocas fechas, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, avanzando un paso más, anunció su propuesta de modificación del Tratado de Lisboa con la triple finalidad de reforzar la convergencia económica de la eurozona, mejorar la disciplina fiscal de los Estados y fortalecer la unión económica.
Lo que hace unos meses parecía impensable, reformar un tratado aún no desarrollado en su integridad y diseñado para sobrevivir al menos a una generación de europeos, el nuevo Gobierno económico de Europa, como lo definió Sarkozy, se verá reflejado en la norma constitucional de la Unión. Es pronto para saber el contenido de esta reforma del tratado, pero, sin duda, hay aspectos que abordará necesariamente. Desde la perspectiva institucional, al menos dos son las propuestas que están encima de la mesa: por un lado, la constitución de un Consejo Europeo específico de la zona euro, independiente del Consejo a 27, y la designación de un ministro europeo de economía a semejanza del alto representante para asuntos exteriores que ocupa actualmente la señora Ashton.
Este superministro formaría parte de la Comisión asumiendo una vicepresidencia, con competencias de coordinación de las carteras de asuntos económicos, monetarios y presupuesto y con funciones de supervisión de las cuentas públicas de los Estados, de presidir el Eurogrupo y de representar al euro en los organismos económicos internacionales. En el ámbito de los contenidos, la reforma del tratado establecerá mecanismos de supervisión aún más rígidos y centralizados sobre las políticas presupuestarias de los Estados que los establecidos en el six-pack, con la posibilidad de imponer sanciones por incumplimiento de los criterios de déficit y deuda.
Se implementará una supervisión centralizada en el BCE del sistema financiero de la zona euro, convirtiendo el actual Fondo de Rescate Europeo (ESM), no muy operativo hasta la fecha, en un Fondo Monetario Europeo y creando una agencia de deuda, encargada de la emisión de eurobonos Un paso más sería la sustitución de las deudas nacionales por los bonos europeos, que llevaría irremisiblemente a un aumento importante del presupuesto de la UE, hoy insuficiente, ya que es inferior al de la mayoría de los presupuestos nacionales. La modificación del tratado debería abordar también una mayor armonización de los sistemas fiscales nacionales, el control de las pensiones y demás gastos sociales, así como incentivar las reformas estructurales para mejorar la competitividad y el crecimiento económicos en la zona euro.
En pocas semanas el Congreso de los Diputados investirá al señor Rajoy como presidente del Gobierno. Una de las primeras tareas del Ejecutivo será acometer un plan económico nacional con dos objetivos fundamentales: crear empleo y dotar a nuestra economía del marco de confianza y seguridad necesario para volver a ser un país solvente.
Las reformas que Europa quiere llevar a cabo coinciden en gran medida con las que el plan económico español debe emprender. Así, la modificación del artículo 135 de la Constitución garantizando la estabilidad presupuestaria marcada por Europa tiene que desarrollarse mediante una ley que deberá establecer los mecanismos jurídicos necesarios para asegurar la disciplina del gasto en todos los niveles de la Administración, pues, si aceptamos de buena gana que Bruselas intervenga en los presupuestos nacionales, incluso suspendiendo el derecho de voto de los países que no respeten la disciplina presupuestaría, ¿por qué nos tiene que sorprender que a nivel interno el Gobierno pueda imponer a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos medidas similares para mantener el rigor presupuestario imprescindible para el crecimiento de la economía?
El futuro plan del Gobierno deberá tener como referente las reformas que la UE pretende abordar, adaptarlas a la coyuntura española y dar solución a los problemas específicos de nuestra economía como la altísima tasa de paro, la reducción del gasto y del déficit públicos, la mejora de la competitividad y la solvencia de nuestro sistema financiero. El plan económico español y las reformas europeas deben ser dos partes inseparables de un todo común. No cabe ahora la política de los pequeños pasos sino más bien la política de las reformas prudentes y pragmáticas y en convergencia con Europa, pero al ritmo necesario para llegar a ser una España mejor.
José Luis Ruiz Navarro. Letrado de las Cortes y profesor de Derecho Comunitario