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Tribuna
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¿Los países emergentes al rescate?

El acuerdo alcanzado por la cumbre de la Unión Europea ha complacido inicialmente a los mercados e inversores. La canciller Merkel se ha salido con la suya en la negociación de los tres grandes bloques del paquete. No cabía esperar otro resultado habida cuenta que Alemania es el primer contribuidor al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (con casi la mitad de los 440.000 millones de euros) y al presupuesto de la Unión Europea. El presidente Sarkozy, necesitado de un acuerdo que reavive sus menguantes posibilidades de reelección y salve a la banca francesa, ha tenido que claudicar en todos los frentes. Ni el FEEF actuará como banco adquiriendo bonos de los países periféricos solventes ni será el primer recurso para los bancos en apuros.

Es incuestionable que ningún país está libre de culpa en la generación de la crisis que atraviesa la eurozona. Incluso Alemania rebasó durante años los límites de déficit fijados por el Pacto de Estabilidad. Berlín y París se aliaron en 2003 y convencieron al Consejo Europeo para que no les impusiera sanciones. Fue un terrible precedente que asestó un golpe mortal al Pacto de Estabilidad. Pero al final se ha impuesto la lógica dictada por las circunstancias actuales. El Gobierno alemán y los de los países de la eurozona con unas finanzas más saneadas en estos momentos (Países Bajos, Austria y Finlandia) no podían exigir más esfuerzo a poblaciones que han ahorrado para rescatar a los que han vivido más allá de sus posibilidades. El proceso de ratificación parlamentaria del FEEF ya provocó la caída del moderado Gobierno de Eslovaquia después de que uno de los partidos de la coalición no desistiera en su actitud de que el segundo país más pobre de la eurozona (con un déficit reducido) no debía financiar el rescate griego.

Uno de los aspectos menos comentados del acuerdo es la creación de un instrumento de inversión para que los países emergentes adquieran bonos de los países de la eurozona. Desde el inicio de la crisis se han multiplicado las manifestaciones y promesas de políticos chinos favorables a la compra de deuda de los países periféricos. Ahora se crea un mecanismo para vehicular dichas inversiones.

Los países emergentes y en vías de desarrollo ya generan el 45% del PIB mundial. En 2010, los flujos de capital privado hacia los países emergentes alcanzaron los 590.000 millones de euros, un sustancial aumento respecto a los 415.000 millones registrados en 2009. Son los mercados donde las multinacionales españolas de las TIC, construcción y gestión de infraestructuras, banca y cadenas hoteleras más amplían su negocio. Un consorcio con 12 empresas españolas se adjudicó la semana pasada un contrato de 6.700 millones de euros para construir la línea de AVE entre La Meca y Medina.

Los BRIC y otros países emergentes integrados en el G-20 son imprescindibles en la gestión y resolución de cualquier desafío global -crisis financiera, desarrollo sostenible, cambio climático- y su auge ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza.

Pero es complicada la gobernanza de un mundo que alcanzará los 7.000 millones de habitantes a finales de octubre y los 8.000 millones en 2020 si no disminuye la fertilidad en los países más pobres. Nos interesa la inversión en y de los países emergentes. Pero no a cualquier precio. Hay que exigir a los países emergentes que en sus inversiones exteriores cumplan estándares laborales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa y practiquen una tolerancia cero ante la corrupción. Deben asimismo cumplir los acuerdos de libre comercio que han suscrito.

China debe acabar con la vulneración sistemática de los derechos de propiedad intelectual. Debe también permitir la revalorización de su moneda, contribuir a la resolución de conflictos, abandonar el apoyo de regímenes dictatoriales y respetar las ansias de libertad de su propia población.

Europa y los países desarrollados deben insistir en que los países emergentes contribuyan a una gobernanza económica más ética, social y sostenible. No solamente porque la Unión Europea, que agrupa a 27 democracias con Estado de Derecho y respeto a las minorías, es el mayor mercado común y primer exportador mundial, sino porque un neocolonialismo desregulado e intensivo en recursos energéticos no favorecerá a largo plazo ni a los países desarrollados ni a los emergentes.

Alexandre Muns Rubiol. Profesor de la Escola Superior de Comerç Internacional, Universidad Pompeu Fabra

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