Europa, estancada
En Europa seguimos estancados en la crisis de la deuda soberana y seguimos estancados en el crecimiento, que va a ser mínimo en los próximos trimestres. Y, ante la perplejidad de muchos, no se producen avances claros en la resolución del conflicto y sí un exceso de declaraciones, algunas de ellas bastante insensatas. Las perspectivas para la cumbre de este fin de semana no son nada halagüeñas.
Desde hace bastantes meses tenía que haberse producido un reconocimiento de la incapacidad de Grecia para hacer frente a sus pagos y haberse puesto en marcha un proceso ordenado de reestructuración en el que, obviamente, quedarían afectados en determinada proporción los tenedores de títulos emitidos por Grecia. También debería haberse aclarado la situación de Portugal y actuado en consecuencia.
En segundo lugar, se debería haber actuado de forma decidida en el fortalecimiento de la solvencia de los bancos, afectada por la explosión de la burbuja crediticia de 2008, por la explosión de la burbuja inmobiliaria en algunos países y por la crisis de la deuda soberana. La respuesta al primer shock se hizo, aunque de forma incompleta (a diferencia de cómo se abordó en Estados Unidos) y en Irlanda por el procedimiento más cruento. La respuesta al segundo se ha realizado en el ámbito de cada país, con cierto retraso en España. Y la respuesta al tercero sigue sin hacerse, como parte de la ceremonia de la confusión que está siendo la gestión de la crisis de la deuda. Tras la determinación rigurosa y creíble del grado de incapacidad de pago de Grecia y, en su caso, de Portugal, se podría haber inyectado capital a los bancos afectados por esa pérdida de valor de los bonos en su cartera. Inyección de fondos privados, si los gestores de los bancos en un plazo razonable fueran capaces de recabarlos, e inyección de fondos públicos (con derechos políticos) en caso contrario. El origen nacional o comunitario de esos fondos públicos debería ser acordado, pero no debería suponer un problema muy relevante por la probabilidad muy alta de recuperación de los mismos.
Buena parte de las declaraciones sobre la solvencia bancaria están siendo desafortunadas. Una cuestión tan delicada debería haber sido llevada con discreción y con una sola voz institucional. La proliferación de cifras sobre el agujero patrimonial agregado y de listas de entidades con problemas por parte de diferentes responsables ha sido un ejercicio de irresponsabilidad. La propuesta de que se va a penalizar la tenencia de títulos de determinados países es el último dislate, que agravaría el problema de la deuda soberana porque incentivaría la no adquisición de esos bonos por parte del sistema bancario europeo.
Creo que en ausencia de las dudas creadas por la falta de decisión de los líderes europeos (y de disparates como el que acabo de comentar), España, pese al dramático cambio que se produjo en sus cuentas públicas entre 2007 y 2009 y pese a las dudas que siguen planteando algunas comunidades autónomas, no tiene problemas graves de solvencia. Aunque hubiera una desviación al alza de medio punto de los objetivos de déficit del Programa de Estabilidad y una desviación de medio punto a la baja de las previsiones de crecimiento, la ratio deuda pública/PIB se estabilizaría en torno al 73% en 2014. Me parece que objetivos de ese orden son alcanzables.
En tercer lugar, Europa necesita una acción fiscal coordinada que contribuya a recuperar la demanda interna europea (me ha terminado por convencer el profesor Skydelski en su reciente visita a Madrid): un programa de inversiones públicas (inversiones en sentido amplio) de una dimensión mayor que el anunciado esta semana y de un plazo más perentorio de ejecución. Su financiación podría conseguirse mediante emisiones de eurobonos (y de esta forma consolidar este instrumento) y los países miembros, en cuyo territorio se realizarían esas inversiones y que cofinanciarían las mismas, recibirían para ello fondos al tipo de interés de los eurobonos.
Se podría aprovechar esa experiencia de emisión de eurobonos para financiar un gran plan de inversiones, para un necesario desarrollo institucional. Al igual que el Banco de Inglaterra se creó en 1693 para controlar que los empréstitos que la Corona recibía (tras su aprobación parlamentaria) tenían buen fin (se empleaban bien y se cumplían las obligaciones con los tenedores), se podría crear una institución europea que al principio supervisara los planes financiados con los eurobonos y el cumplimiento de las obligaciones de los países prestatarios. Y, más adelante, esta institución podría encargarse de la supervisión de las políticas presupuestarias de los países que emiten en euros, algo que hubiera evitado sorpresas como la de Grecia. Un procedimiento más eficaz y más flexible que incluir en la Constitución límites al déficit.
Carlos Sebastián. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense