Un paso de gigante para el transporte
La Comisión Europea dio ayer luz verde a la inclusión en la Red Transeuropea de Transportes de la propuesta defendida por el Gobierno español, un mapa mallado de la península Ibérica compuesto por cinco grandes corredores: Mediterráneo, Central, Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo y Atlántico-Mediterráneo. Bruselas avala así los ejes que han constituido el grueso de la postura española -excepto la conexión por túnel entre Aragón y Francia a través de los Pirineos, cuya aprobación se traslada sin fecha- y abre la puerta a la construcción de nuevas conexiones ferroviarias, viarias e incluso, en algunos casos, mejoras de los puertos y aeropuertos situados en esos corredores.
La inclusión de la propuesta de España se trata de un éxito del Ministerio de Fomento pero, sobre todo, supone un éxito para el futuro de España. A ello hacía referencia el ministro José Blanco cuando instaba al Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre a pelear por los fondos europeos que financiarán parte del proyecto, condición imprescindible para que este pueda hacerse una realidad y no quede en una bonita idea sobre papel mojado.
No hay duda de que el mapa de infraestructuras bendecido por la Comisión, aunque pendiente todavía de ratificar por el Parlamento Europeo, constituye un paso de gigante hacia la transformación de la red de transportes española. En primer lugar, porque supone la ruptura con la vieja concepción radial -que obliga a todos los ejes a pasar por Madrid- en favor de un mapa mallado en el que se da prioridad a la eficiencia económica, la sostenibilidad ambiental y la intermodalidad. Esta última constituye una asignatura pendiente largamente reivindicada por las empresas españolas y un presupuesto fundamental para agilizar el tráfico de mercancías en la península. Así lo recordaba la Confederación Española de Transportistas (CETM), que mostró su satisfacción por la propuesta, pese a no ocultar sus dudas sobre cómo y de dónde saldrán los fondos necesarios para hacerla realidad.
En un escenario de crisis como el actual, el capítulo de la financiación aparece como el primer interrogante sobre el éxito obtenido en Bruselas. La propuesta del Ministerio de Fomento contempla que España invierta casi 50.000 millones en la construcción de los ejes, un 20% de los cuales aspira a que salgan de los 21.000 millones que la Comisión Europea debe repartir entre los países beneficiados por la red. Se trata de una factura importante y, como tal, requerirá de un esfuerzo inversor que no debe focalizar únicamente en fondos públicos, sino involucrar también fórmulas mixtas de financiación que aligeren la carga sobre las agotadas arcas del Estado. El beneficio potencial que encierra ese futuro mapa de transportes español compensa con creces ese esfuerzo inversor.