Una recapitalización rigurosa y transparente

El pistoletazo de salida a la segunda ronda de recapitalización de la banca, que el presidente de la Comisión Europea hizo sonar ayer en Bruselas, nace con un capítulo -el de su financiación- que todavía está pendiente de solventar. Los ocho folios que condensan el segundo plan de rescate del sistema financiero europeo en tres años, definido por José Manuel Durão Barroso con grandes dosis de optimismo como "un mapa que traza el camino para que Europa salga de la crisis económica", dependen obligatoriamente de lo que París y Berlín acuerden sobre el alcance y modo de llevar a cabo la recapitalización en la próxima cumbre del domingo, 23 de octubre.

Pese a no haber aportado detalles al respecto, Barroso ha sugerido que las necesidades de financiación deberían cubrirse, en primer término, con capital privado, a través de la transformación de deudas en acciones o con ampliaciones de capital. En la hipótesis más que probable de que ello no fuese suficiente, entrarían en juego los fondos públicos nacionales y solo en una tercera etapa se haría uso del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). La propuesta de Bruselas resulta razonable y coincide en líneas generales con la solución mixta que podrían acordar finalmente Angela Merkel y Nicolas Sarkozy: una suerte de decisión salomónica a medio camino entre la postura inicial francesa -proclive a que el FEEF aportase directamente el dinero- y la alemana, que defiende que el fondo de rescate actúe como salida de emergencia cuando las arcas nacionales sean insuficientes para respaldar a las entidades en problemas. A la espera de que el tira y afloja franco-alemán no se alargue más de lo previsto, algo sumamente perjudicial en este momento, todo apunta a que este capítulo abierto podría cerrarse antes de fin de mes.

Pese a ello, las incógnitas no terminan ni mucho menos en el papel que jugarán el capital público y el privado en el rescate, sino que alcanzan también al montante de la factura que ese proceso consumirá. Tras el baile de cifras y cálculos que se ha producido en los últimas semanas por parte de distintas entidades e instituciones, de carácter público o privado -en el caso del Fondo Monetario Internacional, el saldo se eleva a 200.000 millones de euros-, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) pretende zanjar la semana que viene la cifra concreta que necesita el sector.

La EBA ya ha solicitado a las entidades que aporten información sobre su cartera de deuda pública y su situación actual de capital. Dado que los test de estrés realizados el pasado mes de julio no incluyeron la exposición a la deuda soberana, y que la situación desde entonces ha empeorado considerablemente, resulta harto razonable que se pida a las entidades financieras una fotografía del estado actual de sus balances. Lo contrario sería reducir el plan de rescate a un cálculo irreal que no solucionaría nada ni beneficiaría a nadie.

Desde Bruselas se reiteraba ayer que la determinación del capital que necesita el sistema financiero europeo exigirá endurecer los criterios actuales y obligará a elevar "significativamente y de manera temporal" el ratio exigido a las entidades, que podría pasar del 5% a una horquilla entre el 7% y el 9%. Esto incluirá muchos más bancos en la lista de los necesitados.

De igual modo que resulta lógico incluir en esos cálculos la exposición a la deuda soberana, los nuevos requisitos deben tener en cuenta las provisiones genéricas que una parte de la banca -es el caso de la española- ha llevado a cabo y cuya exclusión en los test de estrés del pasado julio determinó el suspenso de varias entidades. Si Bruselas pretende calibrar de forma rigurosa y ajustada el estado de salud del sistema financiero, la obligación de aportar información debe extenderse a toda las entidades, de forma que solo aquellas que acepten dar los datos exigidos puedan recibir los fondos del rescate. La economía europea se juega su futuro en esta segunda ronda de rescate. Por ello es tan lógico que los bancos con ayudas prescindan de repartos de bonus y dividendo, como imprescindible que el plan anunciado en Bruselas se haga con grandes dosis de rigor y transparencia.