Las cinco claves de la limitación del déficit por mandato constitucional

La propuesta del PSOE y PP para establecer un techo de déficit por mandato constitucional llegará al Congreso el viernes. A expensas de conocer los detalles, los expertos estiman que se trata un mensaje de firmeza dirigido tanto a los mercados como a la principal valedora de las medidas de contención presupuestaria: Alemania.

¿Cuál es el objetivo?

Los Estados europeos están sufriendo en sus cuentas públicas los esfuerzos que llevaron a cabo durante los últimos tres años para sacar a sus economías de la Gran Recesión. La inyección de dinero público para reactivar la anémica actividad económica consiguió devolver a Europa a la senda del crecimiento. Pero las medidas de estímulo tuvieron a la vez otro efecto, también previsible aunque no deseado. El equilibrio en las cuentas públicas entre gasto e ingreso quedó hecho trizas. Prácticamente todos los Estados sufren de abultados porcentajes de déficit, que en el caso español ronda el 7% del PIB. La estabilidad presupuestaria ha sido uno de los dogmas de las políticas de la Unión Europea prácticamente desde su inicio. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece desde finales de los noventa el tope de déficit en el 3%.

¿Por qué ahora?

El alto endeudamiento público es otra de las cicatrices de la crisis. Y ya se ha cobrado tres víctimas. Grecia, Irlanda y Portugal han tenido que ser rescatadas ante el riesgo de que sus acreedores no pudieran cobrar lo que se les debe. El Eurogrupo esbozó a finales de julio nuevas medidas para colectivizar la ayuda para los socios en apuros. Pero tanto el mercado, la fuente de financiación, como Alemania, el principal prestamista cuando se cierran las puertas del mercado, exigen contrapartidas. Es decir, cuentas públicas saneadas que garanticen la devolución de la deuda. "El problema no es tanto alcanzar el déficit cero, como que el plan para lograrlo sea creíble" sostiene Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Hace apenas dos semanas Alemania y Francia tomaron la determinación de dar un paso más allá en la consolidación de los balances presupuestarios. Acordaron tras una cumbre bilateral apostar por un "verdadero gobierno económico para la UE" y propusieron que los 17 países de la zona euro introdujeran en sus respectivas constituciones la obligación de poner un tope al déficit antes del verano del 2012. Una limitación que ya consta en la carta magna alemana desde 2009. España se ha propuesto ser la siguiente. Una medida calificada como "golpe de autoridad" por Leopoldo Pons, miembro del Consejo General del Colegio de Economistas. Francia e Italia también han anunciado que buscarán acomodo en sus constituciones para la llamada 'regla de oro'. "Elevar la obligación al rango constitucional envía el mensaje de exigencia en cuanto a su cumplimiento. Además, anticipa la lógica de un Gobierno Económico Europeo", afirma Xavier Martínez Cobas profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.

¿Cómo se va a implementar?

A falta de una mayor concreción, todas las miradas se centran en el modelo alemán. La constitución germana no solo recoge la obligación del equilibrio presupuestario, sino que explicita en su articulado el tope máximo. El déficit estructural del Estado no podrá superar el 0,35% del PIB en 2015, mientras que los länder tendrán de plazo hasta el 2020. A expensas de conocer si España establecerá una cifra global para el conjunto de la Administración o desglosará topes de déficit para cada uno de los escalones del Estado, los expertos tienen opiniones encontradas. "Hay que poner un límite específico para cada nivel administrativo. El déficit de las comunidades supone casi la mitad del total y es ahí donde los mercados tienen puesto el foco", sostiene Pons, aunque reconoce que son ellas a su vez las que soportan gastos capitales como sanidad y educación. Nueve comunidades incumplieron el límite impuesto por el Gobierno para 2010, hasta alcanzar el déficit autonómico un 3,3% frente al 4,9% del Estado central. "Comunidades autónomas y Estado son vasos comunicantes. Lo más acertado sería acordar una cifra global para toda la Administración y que luego se acuerden las proporciones en el Consejo Territorial de Política Fiscal", estima Oliver.

De momento, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha adelantado que la fórmula española será "equilibrada y flexible" y que seguirá la estela de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006. Así pues, en una situación de crecimiento normal (entre el 2% y 3% del PIB) el déficit tendrá que ser cero. En cambio cuando la actividad económica se ralentice y crezca por debajo del 2% se permitirá "un pequeño déficit", ha defendido la ministra. "Lo más acertado es continuar con una regla que vincule el límite a la coyuntura económica", sostiene Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. El modelo alemán es estricto pero permite excepciones: en casos de catástrofes naturales o recesiones graves, parámetros que presumiblemente también recogerá la reforma española.

¿Cuándo se haría efectivo?

La exigencia de contención no sería inmediata. La ministra ha fijado el horizonte en el 2018 o 2020. "Fecha en la que el límite estructural tendrá que ser limitado porque partimos de una situación económica muy grave y necesitamos unos años para equilibrar el déficit", ha reconocido Salgado. La laxitud en el plazo propuesto refuerza para los expertos la idea de que se trata, sobre todo, de enviar un rotundo mensaje de confianza al mercado. "La previsión actual, previa a la reforma, es que en 2018 ya haya estabilidad presupuestaria", asevera Oliver, que recuerda que los compromisos de déficit adquiridos hasta ahora por España se están cumpliendo. Bajó del 11% en 2009 al 9% en 2010. Este año espera terminar en el 6%, para reducirlo al 4% el próximo y alcanzar el exigido 3% para el 2013.

¿Puede llegar a ser contraproducente?

Ante la ralentización de la economía en el último trimestre (el PIB en el eurozona creció un exiguo 0,2%), numerosas y legitimadas voces opinan que es demasiado pronto para cortar el grifo de la financiación. Pero limitar el déficit no significa automáticamente recortar el gasto, sino equilibrar las partidas de ingresos y gastos, advierten los expertos. "Es hora de revisar la política fiscal. La presión impositiva en España es muy baja. Un 35% frente a, por ejemplo, el 45% Alemania" afirma Oliver. Las últimas medidas de choque aprobadas por el Gobierno van por esa línea, al aumentar los gastos a cuenta del impuesto de Sociedades para las grandes empresas. "Ahora se está planteando recuperar el impuesto de patrimonio, y es posible que se abra el debate también sobre el de sucesiones. Las próximas reformas van a centrarse en reforzar los ingresos", opina Maudos. En todo caso, y ante lejano horizonte que plantea la reforma, crecer es a la vez el medio y el fin. "Con una tasa de paro del 21% y una deuda pública moderada (63% del PIB en el primer trimestre) el objetivo es crecer, crecer y crecer", concluye Maudos.