Golpe de efecto contra el déficit público
La proposición de ley para limitar el déficit por obligación constitucional ha entrado hoy en el Congreso. La cifra del tope global para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020 será del 0,4% y los detalles se establecerán en una futura ley orgánica.
La cifra concreta de déficit quedara fuera de la reforma constitucional, tal y como pretendía el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una fórmula diferente al ejemplo alemán, que fija la cifra límite en el propio articulado de su Carta Magna, y que gustaba al Partido Popular, que finalmente ha cedido en las negociaciones. El tope para el déficit estructural global máximo en el conjunto de las administraciones públicas será del 0,4% a partir de 2020.
Una ley orgánica concretará tanto la cifra como los detalles de la nueva regulación tras el acuerdo entre los dos principales partidos y será aprobada antes del 30 de junio de 2012. La mayoría de los expertos consultados por CincoDías consideran oportuno remitirse al desarrollo legislativo posterior como una manera de ganar tiempo para negociar apropiadamente los términos concretos tales como la cifra global y la desagregada para cada uno de los niveles de al Administración. Otra de las opiniones apuntaba directamente al Consejo Territorial de Política Fiscal como el foro adecuado para el debate.
Establecer límites específicos para cada escalón de la Administración era otra de las demandas más repetidas. La ley orgánica distribuirá los porcentajes de la siguiente manera: el déficit estructural en que podrá incurrir el Administración Central del Estado no superará el 0,26% del producto interior bruto (PIB) nacional; el déficit estructural en que podrá incurrir cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14% de su PIB. En cuanto a las las entidades locales, se establece que deberán presentar equilibrio presupuestario.
Tanto la flexibilidad del corsé al déficit, al vincularlo con el ciclo económico, como el largo plazo establecido para sus entrada en vigor (año 2020) son elementos acertados, según los expertos. El límite del 0,4% podrá ser superado "en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado", según recoge la nueva redacción prevista para el artículo 125 de la Constitución.
Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben este acuerdo.
La nueva ley, según el acuerdo alcanzado, también fijará los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda. El límite de deuda se vinculará a las disposiciones europeas. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece un límite del 60% sobre el PIB.
El acuerdo se produce tras los llamamientos de Alemania y Francia a los países de la zona euro para fijar límites obligatorios de déficit para intentar restaurar la confianza de los mercados. Eso sí, el texto aprobado deja la puerta abierta a cierta flexibilidad en momentos de crisis. Así, se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, con lo que se pretende garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales.
Tras entrar hoy en el registro del Congreso como proposición de ley todo apunta a que se cumplirá con el calendario previsto. Así, se prevé celebrar una primera sesión plenaria el martes para tomar en consideración la reforma y un segundo Pleno el día 2 para discutir las enmiendas y aprobarla.
