El 15-M y los nuevos recortes
El impulso que recibió el pasado domingo el llamado Movimiento 15-M por las decenas de miles de ciudadanos que se movilizaron en las principales ciudades españolas en contra de la gestión de la crisis está dejando, una vez más, a la clase política con el pie cambiado. De hecho, sorprende y hasta sonroja cómo partidos de todo ámbito y sindicatos tratan de arrimar el ascua a su sardina por los posibles efectos sobre sus estructuras y electorado de un movimiento tan heterogéneo y anárquico como difícil de prever. Una de las declaraciones más sorprendentes fue la que realizó ayer Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CC OO, al admitir que su sindicato no tiene encima de la mesa la convocatoria de una huelga general aunque la "valorará" si, al final, el 15-M se decide a apoyar esta iniciativa. Da la impresión de que decisiones tan importantes se toman, más por el termómetro popular que por una reflexión profunda de qué necesita o se puede permitir la economía española.
"Calentón" social
Pero los sindicatos no son los únicos en unirse y medirse ante esta "marea social" que está instalada en la sociedad desde hace mes y medio. La ministra de Defensa, Carme Chacón, repite cada vez que puede (ayer no fue una excepción) que las demandas de los indignados son "razonables y posibles", sin destacar que ella es miembro del Gobierno y que, por tanto, es corresponsable de atenderlas si es que así lo entiende.
El presidente del Senado y socialista, Javier Rojo, defiende, asimismo, que "lo del domingo no ha sido un calentón de unos jóvenes", buscando cierta cercanía con los planteamientos de los indignados. Pero entre estos planteamientos se encuentran, por cierto, una reforma de la ley electoral para que en el Congreso y el Senado se de una mayor pluralidad política, algo que tanto PSOE como PP rechazan. A su vez, la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, puntal del PP en el Congreso, entiende "que la gente proteste y se indigne porque quiere soluciones ante los cinco millones de parados", como si esas protestas fueran solo dirigidas al Gobierno central y no a los autonómicos, que, en su mayoría del PP, están recetando nuevos recortes en el gasto que afectarán también a servicios como sanidad y educación.
Hasta la Comisión Europea está inquieta por las "manifestaciones sociales" que se suceden por la geografía española, y es "consciente del cansancio en la tardanza de sacar adelante las reformas económicas", pero en cambio no admite su mea culpa por el retraso en adoptar sus propias decisiones, como el plan de rescate financiero a Grecia o la nueva gobernanza económica de la UE.
Al margen de si el 15-M tendrá éxito en su estructuración como movimiento social y político, algo que está por ver dada su dificultad para perfilar un discurso homogéneo, lo más importante es lo que subyace tras él: la expresión del descontento social existente. Este va mucho más allá de quienes convocan las manifestaciones y concentraciones, como opinan los sociólogos. El descontento se plasma, sobre todo, en el reparto de los costes de la crisis, centrado en el ciudadano medio, y alejado de los grupos de poder económico. Mientras no se resuelva este reparto muchos descontentos seguirán saliendo a la calle, con independencia del Gobierno de turno.