Crisis de la hortaliza española en Alemania
Por si las cosas no estuvieran lo suficientemente complicadas para la agricultura española, surge una alerta alimentaria en unos de los principales destinos de nuestra frutas y hortalizas, Alemania. El asunto es serio y no solo económicamente. Se acusa a los pepinos españoles de ser los causantes de un brote de la bacteria E.coli que ha provocado ya varias muertes y cientos de hospitalizaciones. La bacteria E.coli es causa recurrente de graves intoxicaciones alimentarias y fue la causa de una masiva retirada de productos no hace mucho tiempo en EE UU.
No cabe duda de que tratándose de esta bacteria, nos encontramos ante un riesgo grave e inminente para la salud pública, condiciones que exige nuestra legislación como presupuesto de hecho de la intervención urgente en el mercado. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el daño que puedan sufrir los productores españoles de pepinos y de frutas y hortalizas no estará ocasionado por las medidas concretas que adopte la Administración -que, en todo caso, solo afectará al producto contaminado-, sino por la extraordinaria repercusión de la noticia. Repercusión que se debe, en gran parte, a la utilización de la red de alerta alimentaria.
El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF, en sus siglas en inglés) permite la comunicación de riesgos para la salud pública de forma instantánea a todos los miembros de la red, que son varios en cada país europeo e incluso fuera de Europa. Las informaciones que se transmiten por esta red pueden ser calificadas de información o alerta, siendo esta última la más grave, la que requiere o puede requerir una acción inmediata. La utilización del sistema de alerta es una decisión de las autoridades que conocen de un riesgo alimentario. La única condición que la norma europea pone a la utilización del sistema de alertas es que el riesgo sea grave.
En el caso que nos ocupa es innegable que el riesgo para la salud es grave. Sin embargo, las empresas señaladas en el origen de este riesgo ponen en duda que la contaminación se haya producido en sus cultivos y no en el transporte o en la manipulación en destino. Versión de la que se hacen eco las autoridades españolas, supongo que a la espera de más datos. Sin embargo, esté o no la causa del problema en el cultivador, lo cierto es que el daño a su imagen, y por extensión a la de otras hortalizas españolas, se ha producido.
Es uno de los problemas de las alertas alimentarias. El mismo mecanismo instantáneo e internacional que sirve para que las autoridades actúen con la rapidez necesaria ante un riesgo para la salud y los consumidores reciban información convierte a sus efectos en imparables y a los errores en la calificación del riesgo, o la identificación de su origen, en difícilmente reparables.
La alerta, una vez iniciada, se puede modificar, e incluso anular si hay causas para ello, así lo prevé la norma que las regula y hay antecedentes judiciales de paralización de alertas. No se trata de obstaculizar en lo más mínimo las medidas que sean necesarias para proteger la salud pública, pero sí de exigir que dichas medidas estén justificadas, y si no lo están o son excesivas, revisadas y corregidos sus efectos. El mecanismo de las alertas es poderoso y necesario, lo que hace especialmente exigente el control sobre su uso.
Vicente Rodríguez Fuentes. Abogado. Legal Agrifood