El Gobierno catalán y la financiación autonómica
Algunas voces han cuestionado recientemente la eficiencia de las comunidades autónomas (CC AA). Pero, como en otras grandes cuestiones, como la educación o la energía, no llega el gran pacto a nivel político que nos permita afrontar el futuro de una forma decidida. Y es ahora, en momentos difíciles, cuando realmente sufrimos esa carencia. Y la financiación de las CC AA es uno de los más urgentes, para evitar que se convierta en factor de desigualdad o en arma arrojadiza de algunos Gobiernos autonómicos para justificar su propia ineficiencia.
Las incorrecciones originarias del sistema de financiación de las CC AA de régimen común desde 1980 lastraron en buena medida su desarrollo, haciendo difícil enderezar el rumbo de una nave cuya carta de navegación contenía abundantes derivas iniciales erróneas. Cada reforma ha contribuido tan decisivamente a agitar esos agravios adquiridos que el objetivo no ha sido otro que alcanzar a cualquier precio el nuevo acuerdo, aunque este estuviera preñado de nuevas contradicciones. Y en esas estamos. Además -o quizá por eso- se constata una inestabilidad del sistema. Basta señalar que desde 1990 pueden contarse más de una decena de modificaciones importantes en el esquema de financiación de las CC AA de régimen común.
La aparente sofisticación de las fórmulas que sustentan los sucesivos acuerdos no ha hecho otra cosa que disimular un elevado grado de inercia y arbitrariedad. Aunque el grueso de los saldos fiscales regionales proviene del proceso de redistribución personal vía impuestos y prestaciones sociales y no implica elemento alguno de discriminación territorial, dichos saldos tienen también un componente territorial, que alerta sobre la existencia de patrones cuestionables de reparto del gasto público. Tampoco puede soslayarse que la asignación regional de la inversión en infraestructuras productivas no ha contribuido a alcanzar una distribución personal de la renta más equitativa y eficiente.
En estas circunstancias, el anhelo del nacionalismo catalán -y así lo ha señalado expresamente el presidente Mas- no es otro que lograr un modelo análogo al foral, para intentar corregir, por su cuenta, las anomalías de un sistema que considera perjudica seriamente los intereses territoriales de Cataluña. La peculiaridad del régimen foral reside en que la Hacienda del propio territorio establece y recauda los tributos para, acto seguido, pactar con el Estado el cupo o la aportación que corresponde a este por los servicios no prestados por la Administración autonómica (defensa, seguridad, servicios exteriores, solidaridad interregional, etc.).
En teoría, la generalización del sistema foral a todas las CC AA no habría de comportar un riesgo para la Hacienda central, si se piensa que el cupo de cada territorio debiera ser su parte alícuota de los gastos del Estado y que la suma de todas ellas tendría que coincidir exactamente con el total de dichos gastos. Sin embargo, y en la práctica, tal propuesta no es viable por dos motivos. Por un lado, porque la contribución a los gastos generales del Estado por el actual sistema foral está mal calculado, resultando muy inferior a la contribución general que hacen las CC AA de régimen común, lo que hace que la aportación a la solidaridad regional de las Haciendas forales no pasa de ser puramente testimonial. Por otro, porque la propia esencia del pacto y del cupo exige acuerdo entre las partes. Y el acreedor, en este caso el Estado, ha demostrado hasta la fecha que carece de la fuerza o de la voluntad necesaria, no solo para introducir los parámetros que resultarían justos y equitativos para su cálculo, sino también para exigir siquiera esas exiguas cantidades que en justicia le corresponden.
Y, claro, con estas cartas y estas reglas de juego no hay jugador, por malo que sea, que se resista a probar una mano y ganar la partida. De una arriesgada apuesta constitucional que se sabía alentaría constantes reivindicaciones territoriales -el reconocimiento de los derechos históricos- se pasó a una deriva caracterizada por una endémica debilidad en la negociación del cupo, con claudicaciones sistemáticas de todos los Gobiernos de la democracia. Si de lo que se trata, en definitiva, es de deberle al Estado, y mejor cuanto mayor sea la cantidad adeudada, seguro que no faltarán quienes se postulen para hacerlo. Y mientras tanto, y por si acaso el Estado protestase, tampoco faltarán quienes le recuerden el viejo adagio jurídico del volenti no fit iniuria (quien ha consentido, en principio, no puede reclamar).
J. Andrés Sánchez Pedroche. Rector de la Universidad a Distancia de Madrid