Análisis

El peligro del desencuentro de las cajas y el capital privado

Los inversores y el Banco de España apremian al sector para que profesionalice la gestión.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lanzó esta semana un mensaje al sector financiero en forma de bumerán. Criticó que la reforma de las cajas de ahorros, que siguen siendo el talón de Aquiles del sistema, no se hiciera en los años de bonanza económica, un reproche dirigido a las propias cajas y a la clase política pero en el que muchos encuentran también argumentos para arremeter contra el gobernador, en el cargo desde 2006 y responsable de la Secretaría de Estado de Hacienda entre 2004 y 2006.

Pero más allá de críticas -o autocríticas- y sin tiempo ya para llorar por la leche derramada -tal y como apuntó Enrique Goñi, copresidente de Banca Cívica-, el discurso del gobernador en XVIII Encuentro Financiero, organizado esta semana por Abc y Deloitte, también dejó una firme advertencia a las cajas para que mejoren su gestión y gobierno corporativo, con independencia de si salen a Bolsa o no. "La entrada de capital privado va a exigir a las cajas una definitiva y clara profesionalización de su gestión (...) Por ello no solo deben ser las Administraciones de tutela las que deben abandonar toda actuación que desvíe a las entidades de su objetivo esencial de servir a familias y empresas. También quienes hoy están al frente de las cajas deberán acelerar las reformas en el gobierno corporativo porque muy probablemente el mercado no volverá a prestar a quienes no le garanticen una profesionalidad y un gobierno de sus instituciones equiparable al de las demás entidades". Se trata por tanto no de resolver el apremiante déficit de capital a corto plazo sino de sentar un nuevo modelo de gestión, libre de politización y sin vuelta atrás.

La necesidad de capital por 2.800 millones de euros reconocida por CAM tras su escisión de Banco Base -una ayuda solicitada al FROB- ha alertado a la banca de inversión sobre el impacto que la influencia política puede llegar a tener sobre la gestión de una caja. "Las operaciones corporativas con cajas están condicionadas por el factor político y ese es un elemento que distorsiona y nos resulta difícil de controlar", reconoce el responsable de fusiones y adquisiciones de un banco de negocios, a pesar de la oportunidad que la reordenación de las entidades de ahorro supone para su sector.

Para Exane BNP Paribas, "la ausencia de reconocimiento de los problemas y la incertidumbre generada han afectado la credibilidad y se han convertido en el principal problema para el sistema financiero español". Y gran parte de la recuperación de esa credibilidad perdida depende ahora de que las cajas de ahorros aborden con rigor la total profesionalización que reclama el mercado. Este proceso es ineludible para las cajas que aspiran a salir a Bolsa. Así, Bankia, que anunció esta semana que saldrá a cotizar libre de activos y créditos vinculados al suelo, tiene previsto crear un consejo de administración rebajado de la carga política del consejo de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, al tiempo que tiene pendiente el nombramiento de un consejero delegado, una figura que reclaman los inversores y que equipararía el organigrama de Bankia al de la banca cotizada.

En principio, las ayudas públicas del FROB van a cubrir más de la mitad del déficit de capital que el Banco de España ha detectado en las cajas. Y algunas firmas advierten del riesgo de que el sector caiga en la complacencia de no exigirse a sí mismo los mismos requisitos que serían necesarios para atraer al capital privado. "Creemos que para algunas cajas de ahorros hay pocos incentivos para acudir al capital del sector privado dado que el FROB ofrece una solución conveniente. Pero las cajas no deben considerar al FROB como una solución comparable sino más desfavorable, puesto que el fondo debería incentivar a las instituciones financieras a buscar soluciones en el sector privado", apunta Bank of America Merrill Lynch en un informe publicado esta semana.

El Banco de España y el FROB son conscientes de que el mercado vigila los términos en los que se inyectará capital público. Así, Bank of America Merrill Lynch estima que el total de ayudas públicas del FROB -que sumarían 19.252 millones incluyendo las entregadas ya y las pendientes- darían al fondo el 45% del accionariado conjunto de las cajas receptoras de ese capital, asumiendo una valoración de 0,8 veces el valor contable. Si el criterio es más estricto, de 0,5 veces y más en línea con la exigencia del mercado, su control se elevaría nada menos que al 71%.

Asignaturas pendientes más allá del capital

Cambios en los consejos y la directiva

El real decreto que establece los nuevos requisitos de capital de la banca española marca también cuál deberá ser la composición de los consejos de administración de las entidades en las que el FROB inyecte capital. Así, las cajas deberán haber volcado previamente su negocio financiero en un banco, cuyo consejo de administración no podrá tener más de 15 miembros, de los que un tercio deberán ser independientes. Además de los consejeros, muchas cajas deberán reforzar su equipo gestor con nuevos ejecutivos.

Una red de oficinas más ajustada

Desde mediados del año pasado, cuando se precipitó el proceso de fusiones en las cajas de ahorros, estas entidades han realizado recortes de entre el 10% y el 25% en su número de oficinas, según apuntó recientemente el Banco de España. Aun así, el sector afronta el ajuste de una red de sucursales sobredimensionada. En los últimos 12 años, las cajas incrementaron su red en 6.000 oficinas, frente al recorte realizado por la banca, en 3.000 sucursales, contando con las fusiones en Santander y BBVA.

El alto coste de reducir plantilla

El proceso de cierre de oficinas transcurre en paralelo al ajuste de plantilla que están realizando las cajas, que el Banco de España calcula en entre un 12% y un 18% desde mediados del pasado año. La firma Exane BNP Paribas apunta que un recorte del 18% en el número de empleados implica un volumen de 24.000 prejubilaciones, con un coste potencial de 7.000 millones de euros. Esta cantidad equivale a la mitad del déficit de capital detectado por el supervisor en el conjunto de las cajas de ahorros.