Seguir la hoja de ruta de la reestructuración
La ruptura del proyecto de SIP de Banco Base ha supuesto un cierto sobresalto en el proceso de reestructuración y recapitalización bancaria que debe manejarse con tanta cautela como firmeza. De cómo se resuelva esta situación puede depender buena parte de la confianza que se deposite por parte de los inversores y los analistas dentro y, sobre todo, fuera de España en los próximos meses. Lo primero y más importante en este contexto es desdramatizar una situación que, desde el punto de vista regulatorio y supervisor, cuenta con un soporte suficiente para su resolución en buenos términos. Conviene reseñar que en España, a diferencia de otros países europeos, se ha diseñado una hoja de ruta muy delimitada para la reestructuración bancaria. Hay un guion del cual las entidades financieras no deben salirse y, si no se cumple, existen mecanismos correctores.
El 28 de marzo cumplió ya el plazo para presentar al Banco de España la estrategia y calendario de cumplimiento de los nuevos requisitos para las necesidades de capital. El Banco de España dispondrá hasta el 14 de abril para aprobar los planes o, en su caso, exigir las modificaciones pertinentes a todas las entidades con necesidades de capital e incluso en las actuales circunstancias estos planes tendrán que ser anunciados antes, porque el mercado precisa conocerlos para poder seguir avanzando en la senda de la confianza y porque es necesario también demostrar que la hoja de ruta prefijada desde el FROB hasta el RD-l 2/2011 es firme y práctica. Como en el resto de reformas que atañen a la economía española, el conjunto de acciones es amplio y solo queda, que no es poco, su implementación, con pulso decidido y a buen ritmo para cerrar el tema de la reestructuración de una vez por todas. Aun con el ruido que ha generado la situación de Portugal, casi nadie habla ya de España como el siguiente país en el que será necesario un rescate porque parte de las dudas parecen haberse despejado o suavizado, al menos, a corto plazo. Y por ello conviene seguir mostrando una clara voluntad en todos los procesos de reforma para evitar males mayores.
En el sector bancario, los mercados están ávidos de respuestas y cuando concurren circunstancias como las de estos días, tratan de ver en qué medida han habido fallos informativos en el proceso. Este no parece el caso y es un punto que es importante clarificar. El Banco de España ofreció la que podríamos llamar foto fija de las necesidades de capital de las entidades financieras españolas a 10 de marzo de 2011 para cumplir con el RD-l 2/2011. Los 15.152 millones de euros estimados eran las necesidades de capital en ese momento para cumplir con el RD-l, independientemente de otras que pudieran generarse a partir de ahí por distintas contingencias. Una de esas circunstancias, muy importante, son los nuevos test de estrés que se van a realizar a las entidades financieras y que se publicarán antes del verano. Precisamente la posibilidad de que puedan ser necesarios más recursos propios para pasar estos test es la que ha precipitado los acontecimientos y demuestra la relevancia de considerar el proceso de reestructuración en sentido dinámico, considerando las necesidades presentes y futuras de capital. Los test de estrés demuestran ser el último eslabón en la cadena de disposiciones y acciones que comprende el proceso de reestructuración bancaria en España. De hecho, las primeras estimaciones estarán listas en la primera quincena de abril, lo que está introduciendo aún algo más de presión sobre las entidades financieras españolas y europeas.
Para que el conjunto de entidades que ahora buscan inversores para participar en su capital tengan éxito en su cometido, es preciso cerrar el círculo de la reestructuración. Para ello, los inversores deberían tener alguna estimación de las necesidades de capital en sentido dinámico. En este sentido, los test de estrés ayudarán pero cada vez gana más fuerza la posibilidad de que, en casos particulares y/o para el conjunto del sistema, se creen esquemas de protección de activos, por los cuales se garanticen por parte del Estado las pérdidas que superen un determinado límite no previsto en las estimaciones (lo que se conoce como tail risk). Se trata de un fondo de uso contingente que no tiene por qué tener necesariamente un coste para las arcas públicas pero que aporta la seguridad suficiente para eliminar algunas incertidumbres.
Santiago Carbó Valverde Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada