Arrebatados por el ahorro energético

La escalada de los precios del barril de crudo, que ha llegado puntualmente a los 120 dólares este año, y el conflicto de Libia, culpable en parte de la misma, ha llevado al Gobierno a tomar medidas urgentes de ahorro energético.

Las más destacadas, la reducción del límite de velocidad a 110 kilómetros por hora; el incremento del porcentaje de biocarburante que deberán llevar las gasolinas y gasóleos, del 5,9% al 7% o la sustitución de neumáticos y bombillas. Amén de otras decisiones de tintes más populistas que, probablemente, jamás se materialicen.

Las consecuencias económicas de estas medidas dependerán del tiempo en que se apliquen y de la duración y extensión del conflicto libio. En cualquier caso, su carácter coyuntural y mediático las diluirán como un azucarillo sin que de ellas se deriven grandes soluciones.

Propuestas más contundentes para paliar la subida del petróleo no han faltado en el propio Gobierno, como la subida del impuesto de hidrocarburos o el cobro de peajes en las autovías.

Con frecuencia, las decisiones de política energética se toman "a golpe de petróleo"

Sea como fuere, el arrebato por el ahorro energético, que también ha afectado a la Comisión Europea, ha desencadenado un debate que, depurada la demagogia, puede resultar positivo. Y ha hecho recordar a los viejos del lugar la histeria colectiva que se desencadenó tras la crisis del petróleo del año 73, cuando los ciudadanos se veían de nuevo abocados al candil y la carreta.

Aunque la situación no es comparable, lo ocurrido entonces y ahora demuestra que con frecuencia las decisiones sobre política energética se toman "a golpe de petróleo", tal como asegura una experta.

Estos días, varias cuestiones se han puesto encima de la mesa: los posibles problemas de abastecimiento; la fuerte dependencia energética de España y unos precios que nuestra economía -dicen- no podrá soportar. Todo ello, mezclando dos cuestiones que conviene analizar sin conexión: por un lado, la del combustible líquido utilizado en el transporte por carretera (un 70% de las nuevas medidas están relacionadas con él) y la generación de electricidad, en la que el fuel es residual.

La escasez de carburantes es del todo improbable, pues, como asegura el presidente de Repsol, Antonio Brufau, "el crudo no tiene patria"; su transporte está garantizado y, en cualquier caso, los intereses de los que venden y de los que compran se cruzan.

En cuanto al temor a problemas de suministro eléctrico es una idea que choca con la actual sobrecapacidad del sistema, que demuestra con creces el que las centrales de carbón nacional hayan estado sin funcionar casi dos años por falta de demanda y que las de gas trabajen a un 40%. Por otra parte, la capacidad ociosa del sistema, según los cálculos de REE que miden las horas de funcionamiento del parque español, es del 70%.

Este evidente exceso de capacidad desmontaría los argumentos de los partidarios de la energía nuclear, que están aprovechando la crisis para reclamar la construcción de nuevas centrales. Pero estas no solucionarían el problema inmediato, pues requieren inversiones a muy largo plazo para su construcción.

Siempre se puede argumentar, ciertamente, que es necesaria una planificación a futuro. Pero este no ha sido el objetivo del Gobierno en el caso de las medidas coyunturales que acaba de aprobar.

Otra cuestión a debate es la subida de los precios derivada de la menor producción de Libia, que aportaba al mercado antes del conflicto dos millones de barriles al día y otras decisiones como la subida de tipos de interés. En este punto, la conexión entre el crudo y la factura eléctrica resulta mucho más clara. Aunque el petróleo no sirva como combustible para la generación eléctrica, el peso de la producción con gas natural (indexados al crudo) acaba repercutiendo en los precios del pool eléctrico, máxime cuando se trata de un mercado marginalista.

También porque la tarifa de último recurso (TUR) que se aplica a los consumidores domésticos se determina en subastas trimestrales en las que se compra la energía a plazo y en la que influyen decisivamente los mercados financieros.

Respecto a la idea de que la economía española no puede soportar un barril a 120 dólares, conviene distinguir entre ahorrar energía y ahorrar dinero. También entre dependencia energética y medio ambiente.

Hasta que se logre el desarrollo efectivo del coche eléctrico (REE calcula que en 2020, se podría llegar a un 7% del parque de vehículos) y de las energías renovables, la dependencia energética de España va a resultar algo inevitable. Esencialmente, por la necesidad de combustibles fósiles para transporte, ya que en el caso de la electricidad es exportadora.

El hecho de que dicha dependencia siga siendo la misma de hace 30 años (casi el 80%) puede tener una lectura positiva: esto es, se mantiene el mismo porcentaje, pese al fuerte crecimiento del consumo en estos años de desarrollo económico. Una ventaja añadida es que la intensidad energética (la que mide la relación entre consumo y PIB) ha venido descendiendo progresivamente desde 2005, por la saturación del consumo (y también, en 2009, por la crisis).

El Gobierno ha aprobado tres planes de eficiencia (en 2005, 2007 y 2009) y se ha adaptado a directivas en esta línea que darán sus frutos a largo plazo. Pero, al parecer, no ha sabido capitalizarlos políticamente.