Controladores: ¿el laudo de la concordia?
Respondiendo a la pregunta del título, ojalá sea el laudo de la concordia, que sirva para normalizar las relaciones laborales de un sector estratégico para la economía nacional. Y todo apunta a que puede serlo. Sin entrar ahora en un estudio detenido de su contenido, que permitirá calibrar más adecuadamente dónde se ha situado el punto de equilibrio y qué podemos esperar cuando las primeras reacciones de sus protagonistas dejen paso a análisis más fríos y pormenorizados, llama la atención el buen grado con que la decisión arbitral ha sido recibida.
En efecto, cualquiera que haya seguido la borrascosa relación entre AENA y los controladores, los pulsos que se han mantenido a lo largo de la misma, los órdagos que se han lanzado, tendría que extrañarse de que el trabajo de un mediador-árbitro de poco más de un mes haya permitido llegar a un punto de encuentro a partir del cual las aguas pueden discurrir mucho más calmadas.
Y eso es lo que ha sucedido, y lo que pone de manifiesto la utilidad de instituciones, como la mediación y el arbitraje, hasta ahora bastante ausentes de nuestras relaciones laborales. El arbitraje se ha revelado útil como vía de resolución de conflictos, en sus diversas modalidades. Por tanto, debería potenciarse el voluntario, cuyas ventajas sobre los procedimientos judiciales en términos de rapidez y de cercanía al conflicto son indudables y cuya operatividad llega más allá de la que pueden tener dichos procedimientos judiciales. Ante conflictos de intereses, típicos de la negociación colectiva, un árbitro puede resolver, pero un juez no, porque sus funciones no pueden ir más allá de la interpretación y aplicación del derecho.
Y el arbitraje obligatorio, el que puede imponer el Gobierno cuando las partes del conflicto son incapaces hasta de alcanzar un acuerdo arbitral, debería ser regulado en términos bastantes más amplios, sobre todo ante conflictos que afectan a servicios esenciales o estratégicos para la comunidad.
Hay ocasiones en que los conflictos se enquistan y sus protagonistas son incapaces de encontrar una salida. En muchas de esas ocasiones, tales protagonistas estarían dispuestos a aceptar la decisión de un tercero en términos que no están dispuestos a negociar, ni por tanto a conceder. La labor del mediador, obteniendo concesiones de unos y otros hasta llegar a un acuerdo, puede desbloquear esa situación. Y si la mediación no fructifica o no se ve viable, el poner la decisión última en manos de un tercero, el árbitro, puede ser la solución más razonable.
En el caso del laudo de los controladores nos encontramos ante una situación atípica. Primero, porque formalmente ha sido un arbitraje voluntario, aunque en realidad la intervención legislativa previa, anulando en gran parte el contenido del convenio colectivo y modificando las condiciones de trabajo, y la propia militarización derivada del estado de alarma hacían ilusoria cualquier otra vía de resolución del conflicto. Las partes del mismo, por tanto, pero sobre todo los controladores, han hecho de la necesidad virtud y han llegado a un acuerdo arbitral para revestir de voluntariedad lo que en el fondo iba a ser una imposición.
Segundo, porque por el procedimiento seguido se ha tratado más de una mediación arbitral que de un arbitraje en sentido propio. El árbitro lo explicó muy bien en su comparecencia de prensa, indicando que había preferido ir acercando posturas para reducir el ámbito de su decisión al mínimo indispensable. Probablemente ese procedimiento no siempre resulta factible, pero las particulares circunstancias del caso (uno de los contendientes había sido suficientemente ablandado con antelación) lo han hecho viable. No es que se trate de un laudo de consenso, sino de un laudo que previamente ha explorado y agotado todos los espacios de consenso.
El resultado pues es satisfactorio y debería servir de acicate para la reforma de nuestra normativa de conflictos laborales. Cosa distinta es que el análisis de cómo quedan las relaciones laborales de los controladores tras el laudo dé resultados igualmente satisfactorios. Y cosa distinta también es que habremos de juzgar con nuevos ojos los excesos cometidos por las partes del conflicto, no solo los controladores, sino también AENA y el Gobierno.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues