Racionalidad financiera en las comunidades
En las últimas semanas ha vuelto a la primera línea del debate nacional la conveniencia de mantener o recortar el poder autonómico, respetar o cercenar las prerrogativas financieras periféricas, caminar hacia el federalismo pleno o desandar parte del camino. Las dificultades apreciadas por el Gobierno central para controlar el déficit público, fundamentalmente porque no está completamente en su mano, sino también en otras 17 Administraciones diferentes y con diferente sensibilidad política y fiscal, han reabierto una herida nunca plenamente cicatrizada, y donde las corrientes subterráneas del nacionalismo de todos los colores (centrífugo y centrípeto) impiden cuadrar un modelo territorial de consenso.
La semana pasada Baleares decidió buscar financiación con relativa urgencia entre los ahorradores particulares, con un bono anual que renta un 4,75%, pero que tiene una comisión de garantía de cobertura de tres puntos adicionales, lo que lleva el coste para las arcas públicas del archipiélago al 7,75%. Parecido ejercicio para hacer frente a los pagos más urgentes manejan Canarias y Castilla-La Mancha, y ese mismo instrumento de financiación ensayaron los miembros del tripartito en Cataluña en diciembre ante la imposibilidad de captar recursos con subastas tradicionales. Cualquiera de estos ejemplos ilustra a la perfección el callejón sin salida en el que se han metido las finanzas autonómicas, que se debaten entre los permisos previos de Hacienda para poder refinanciar sus deudas y el temor a que el mercado dé la espalda a sus deseos, y tengan que captar con un coste desorbitado.
Desde la llegada de la crisis la deuda de las comunidades se ha duplicado, y supera con creces los 100.000 millones de euros, en buena parte para atender la gestión de la mayoría de las competencias más sensibles del sector público (sanidad, educación y servicios sociales). Pero también en parte para mantener a uno de cada dos funcionarios con prima de fidelidad autonómica, y para inyectar recursos en más de 2.000 organismos societarios creados en apenas una veintena de años de desarrollo del Estado autonómico.
Lo que ha ocurrido con las tres comunidades que han incumplido los límites de déficit público en 2010 (Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha) alumbra lo que está ocurriendo, en parte también de espaldas al conocimiento público. Castilla-La Mancha ha aflorado sus números reales ante la imposibilidad de centrifugar gasto con los instrumentos financieros de los que hasta ahora se servía sin sonrojo, cual era Caja Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España. En el caso de Cataluña, el que debe servir de chivato para el resto ha sido el cambio de Gobierno, que ha precipitado la transparencia en sus cuentas, y que ha forzado a la nueva Administración a recortar en 4.000 millones de euros el gasto para este año. Aunque el Consejo de Política Fiscal da por buenos los números aportados con un celoso cumplimiento de los límites de déficit, con el aval incluso del Ministerio de Hacienda, cada vez más gente sospecha que guardan sorpresas, y que bien podrían aparecer cuando, tras las elecciones regionales y locales de mayo, una parte importante de comunidades cambie de manos.
No están para sorpresas las finanzas españolas; no ofrecen la confianza precisa a los financiadores como para someterlas a correcciones abultadas de los gastos. Las regiones y sus gestores tienen el deber de lealtad con el Gobierno de la nación, que recauda los impuestos de todas y tiene que certificar ante los mercados por los actos de todos. En todo caso, es ineludible imponer modos de gestión tan estrictos como los adoptados para el Estado, con una limitación taxativa de los gastos, tal como la Ley de Estabilidad ya recogía y que el Gobierno flexibilizó cuando la suerte de la prosperidad estaba de cara.
Además, debe clarificarse la gestión de cada competencia, sin descartar la sindicación de servicios entre comunidades para ahorrar costes, sobre todo en sanidad entre regiones a las que por su pequeño tamaño se les hace muy gravoso el servicio. En absoluto está reñida con la identidad nacional de ninguna región esta práctica si aporta ahorro y mejora del servicio. Y lo que no admite más dilación es un mecanismo que garantice la unidad de mercado, con trato igualitario en cada región y en cada materia.