La transparencia le sienta bien a la banca
La crisis del euro ha llegado a España como un ciclón, arrastrando lo que encuentra a su paso sin hacer distingos. En este remolino, se entremezcla la deuda soberana con la privada, se mimetiza la renta fija con la variable y se analiza injustamente la banca española con los mismos raseros que a la irlandesa. Esto último, que está sometiendo a las entidades españolas a un duro e injusto castigo en Bolsa, está muy lejos de la realidad, pues como han reconocido todos los organismos internacionales, las diferencias entre Irlanda y España son abismales. De hecho, el sistema financiero español sigue siendo uno de los más sólidos de Europa, aunque, ciertamente, no sea ajeno a algunos males que necesariamente deben corregirse con celeridad y firmeza.
El volumen del sector bancario en Irlanda es preocupante, ya que sus activos suponen 10 veces el PIB nacional, frente a un sector español que alcanza 3,3 veces el PIB nacional, lo que reduce ostensiblemente el riesgo sobre la economía. Además, la capacidad de financiación exterior de la banca irlandesa -en definitiva, su credibilidad- estaba ya seriamente mermada, lo que explica que la apelación de los bancos de la isla al BCE equivalga al 75% del PIB nacional frente al 6% de los españoles. Y, lo que es más relevante: desde junio las entidades españolas han reducido a la mitad su dependencia del banco central, mientras que Irlanda lo ha aumentado en 20 puntos de su PIB.
Por otro lado, las medidas de control y contracíclicas españolas están a años luz de las mantenidas por el Banco de Irlanda, así como el sistema de protección para el acreedor, mucho más estricto en España. Parece, sin embargo, que semejante currículo no cuenta en el sentimiento de los inversores, huidizos ante cualquier activo español, ya sea deuda o acciones. Los especuladores han situado España en su punto de mira arrojando infundadas dudas sobre la confianza nacional a cambio de pingües beneficios. Solo así se explica el duro desgaste en Bolsa de los bancos españoles, a pesar de que sus fundamentales siguen intactos, tal como apuntan numerosos analistas. Así, sorprenden las fuertes caídas de Santander o BBVA, dos entidades españolas, pero muy diversificadas geográficamente: España supone hoy solo el 17% del negocio de Santander y el 30% del BBVA.
Es obvio que, aun así, existen alarmas que planean sobre el sistema bancario español, especialmente su exposición al mercado inmobiliario y la reestructuración de las cajas de ahorros. Las medidas para exigir más transparencia a la banca anunciadas el viernes por el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, y ratificadas por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, son certeras para el sistema y oportunas de cara a los mercados. A partir del próximo año cada entidad tendrá que notificar su cartera hipotecaria y la de promoción y construcción de viviendas, así como las garantías que las respaldan, en concreto los loan to value (diferencia entre la cuantía del préstamo y el valor actualizado del inmueble). Es decir, tendrán que enseñar su riesgo al ladrillo, una de las mayores preocupaciones de los inversores extranjeros. En definitiva, el Gobierno exige que cada entidad reedite y actualice su particular test de estrés trimestralmente. Pretende con ello mantener la transparencia que tan buenos resultados arrojó en julio cuando el BCE publicó el estado de la banca española.
Igualmente acertada es la exigencia del Gobierno de que antes de Navidad se hayan cerrado los procesos de fusión de las cajas, otro punto pendiente del sistema financiero español. Ambas medidas contribuirán a despejar incertidumbres sobre un sector financiero que, aunque con problemas, dista mucho de la profunda insolvencia de la irlandesa y de las dificultades de algunas entidades europeas.
No obstante, los ataques contra la banca española no terminarán hasta que no se disuelvan las dudas sobre la capacidad de España de retornar a una senda de crecimiento similar a la de los principales socios comunitarios. En este sentido, los mercados valorarán la aprobación de las reformas estructurales pendientes tanto o más que las medidas de transparencia sobre la banca. Y aquí, la responsabilidad es de José Luis Rodríguez Zapatero, que debe imprimir a sus decisiones tanta celeridad como exige ahora a la banca.