El PE limita a 30 días el plazo de pago para administraciones y empresas
El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy una ley que limita a 30 días el plazo para que las administraciones públicas y las empresas privadas paguen sus facturas, a fin de ayudar a que las pequeñas compañías dispongan de más liquidez y combatan la morosidad.
La directiva, presentada a la Eurocámara por la socialdemócrata alemana Barbara Weiler, contó con 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones. Para Weiler, la nueva normativa deberá crear "nueva ética de pago temprano y justo", y mencionó que se han llegado a registrar en la UE retrasos en los pagos de hasta un año.
Instó a los países a no esperar los dos años de que dispondrán para trasponer la legislación a su derecho nacional, y puso de ejemplo a España, que ya aprobó el mes pasado una nueva ley sobre morosidad, "moldeándola sobre el patrón" de la directiva comunitaria aprobada hoy, señaló.
Para el vicepresidente de la Comisión Europea y titular de Industria, el italiano Antonio Tajani, esta regulación debe ayudar a que las empresas dispongan de más financiación para invertir en innovación o generar empleos.
Como norma general, el sector público y el privado tendrán que abonar sus facturas en un máximo de 30 días, a menos que se especifique de otro modo en el contrato. Entre empresas privadas, será posible prolongar el plazo de pago hasta 60 días únicamente si así lo "acuerdan expresamente" el deudor y el acreedor, y en el caso de que la situación no resulte "extremadamente injusta" para éste último.
Por lo que respecta a los contratos entre el sector público y el privado, las dos partes podrán extender el plazo para realizar el pago si "se acuerda expresamente" y está "justificado objetivamente a la luz de la naturaleza particular o características del contrato", señalaron los eurodiputados. En el caso de las autoridades públicas "bajo ninguna circunstancia" podrán retrasar los pagos más de 60 días.
El Parlamento introdujo a esa regla una excepción para entidades públicas sanitarias, cuyo plazo puede ser de 60 días, dada la "especial naturaleza" de organismos como hospitales, que suelen financiarse ampliamente con reembolsos de los sistemas de seguridad social.
El texto aprobado hoy estipula una tasa de interés de los pagos vencidos de al menos un 8%. El acreedor también podrá obtener del deudor, como mínimo, una suma fija de 40 euros como compensación por los costes de recuperación.
El tiempo para verificar si los bienes o servicios prestados cumplen con los términos del contrato será de 30 días, periodo que podrá extenderse en el caso de "contratos particularmente complejos", pero sólo si se acuerda expresamente y no resulta "excesivamente injusto" para el acreedor.
Los eurodiputados dispusieron unas garantías para que ese periodo de verificación no puedan usarse como una "laguna jurídica" para retrasar los pagos innecesariamente.
El acuerdo aprobado hoy deberá ahora ser adoptado formalmente por el Consejo de la UE.
La Confederación Europea de Industrias de la Alimentación y Bebidas (CIAA) y la asociación Eurocommerce, que representa a las empresas de distribución y supermercados, mostraron en sendos comunicados su apoyo a la nueva legislación, que esperan ayude a las empresas del sector, pymes en su gran mayoría.