Urge una quita de deuda
La economía occidental, salvo excepciones, languidece poco a poco a medida que se agotan los estímulos fiscales. Las principales economías, salvo las menos endeudadas, están empezando a reconocer que será casi imposible recuperar el crecimiento sostenible, y más importante aún, que el empleo perdido pueda ser recuperado.
El principal obstáculo es el elevado stock de deuda privada que, junto a la creciente deuda pública, ahoga la capacidad de gasto e inversión de empresas y consumidores. Esta deuda es tan elevada, en algunos casos supera el 300% del PIB, que sólo con el pago de intereses sobrepasa ampliamente los ingresos presentes y futuros. En el caso de los consumidores, la principal carga proviene de la deuda hipotecaria procedente de la compra masiva de inmuebles que ya, en muchos casos, el pasivo supera al activo, algo que en esencia supone la quiebra patrimonial de muchos agentes económicos.
Este proceso es particularmente doloso en EE UU, Reino Unido y España, con stocks de deuda total superior al 400% del PIB, lo cual es imposible de ser repagada en su plazo y, por supuesto, con su principal actual. En el caso de las empresas, el stock de deuda se asimila a un proceso de expansión internacional en el caso de las empresas españolas, en muchos casos a través de fusiones y adquisiciones, y en el caso de las anglosajonas, para pagar ingentes deudas de fondos de pensiones, indemnizaciones o sufragar un exceso de riesgos procedentes de la expansión del crédito inmobiliario. Este esquema de funcionamiento, economías basadas en el consumo privado, elevado apalancamiento y reducción drástica de la inversión productiva y la producción, son tremendamente vulnerables a crisis sistémicas como la actual.
En el otro lado, están aquellas economías con bajos niveles de deuda, como Australia, Canadá o los países nórdicos, que han mantenido un ciclo inversor y productor muy elevado, en los que el consumo privado no tiene tanto peso, y en los que prima el gasto productivo, educativo y en investigación. Son economías con un peso muy elevado del sector público, en los que el elemento correctivo de la inequidad es un objetivo irrenunciable. Además, la vivienda es un bien de uso, y no de inversión, y donde el Estado provee una solución habitacional digna y asequible en precio mediante un parque público de alquiler, algo que en España solo defendemos unos cuantos, pero que carecemos de poder de decisión suficiente para que las Administraciones públicas se sensibilicen y puedan adaptar un modelo que ha triunfado en muchos países inteligentes.
Un paso más, también en el modelo canadiense, ha sido la obligatoriedad de suscripción de pólizas de seguro de crédito hipotecario para cubrir el exceso de crédito sobre el valor del inmueble, que en el caso español ha elevado el riesgo de crédito para muchas familias, pero sobre todo para muchas instituciones financieras. También pólizas de protección de pagos ante la contingencia del desempleo, algo que dejé firmado al cesar en la Sociedad Pública de Alquiler, pero que fue despreciado por la dirección entrante.
Toda esta situación nos está llevando al umbral de una gran crisis de suspensión de pagos colectiva, dado que el peso de la deuda imposibilita el crecimiento y la inversión en un horizonte no inferior a una década. En España, existe, además, un problema añadido que retrasará aún más el ajuste necesario en el mercado inmobiliario. El sistema financiero, que ha ejecutado un buen número de hipotecas y ha añadido al activo los correspondientes inmuebles, está ejerciendo una competencia desleal con los escasos intermediarios inmobiliarios que quedan, no permitiendo que salgan al mercado aquellos inmuebles en posesión de dichas empresas, cerrando el canal de crédito a los consumidores, salvo que compren inmuebles de la cartera de los bancos y cajas. Pero además, tampoco están ayudando a que los precios reflejen realmente el valor de dichos inmuebles con una rebaja drástica.
Una de las soluciones que tendrá que ser puesta encima de la mesa de los organismos internacionales es una quita ordenada y global de deuda, esencialmente privada, para que las economías más endeudadas puedan liberar liquidez y comiencen, de nuevo, un ciclo inversor y de consumo, siempre que el patrón de crecimiento cambie, lo más rápido y drásticamente posible. Esta quita, que podría liderarla un organismo como el Club de París, ya se hizo con muchos países en desarrollo, y ahora, ironías de la historia económica, deberá hacerla los países más ricos, al dilapidar y emborracharse de economía financiera. Sólo así se podrá volver a la senda de crecimiento en un plazo razonable. Si no, demasiadas quiebras individuales y colectivas se sucederán, mientras se malgastan miles y miles de dólares y euros en ayudar a los causantes de la crisis.
ALEJANDRO INURRIETA. CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR EL GRUPO SOCIALISTA Y PROFESOR DE IEB