Una propuesta de reforma del sistema de pensiones
El imparable proceso de envejecimiento de la población española, debido a la combinación de una mayor esperanza de vida acompañada de una drástica reducción de la natalidad, derivará, con casi total certidumbre, en un progresivo deterioro de las cuentas de la Seguridad Social. Así, de la actual situación de moderado superávit se pasará, en ausencia de reformas, y teniendo en cuenta las proyecciones demográficas del INE para 2009-2049, a un déficit que alcanzará el 6% del PIB en 2050 (producto de unos ingresos por cotizaciones del 10% del PIB y unos gastos por prestaciones del 16%) y cercano al 10% en 2060. La magnitud del déficit previsto convierten las propuestas de contener la generosidad del sistema y la necesidad de trabajar más y hasta edades más avanzadas en imprescindibles para el mantenimiento de nuestro sistema de pensiones.
Sin embargo, para sostener nuestro sistema de pensiones no basta con incentivar, y aumentar la participación laboral, ya que un simple cálculo revela que para mantener el gasto en pensiones en el nivel corriente, 8,3%, necesitaríamos una tasa de empleo del 144%! El problema es que, en 2049, aun alcanzando una tasa de empleo sueca el empleo total disminuiría en un 5%, debido al decaimiento de la población en edad de trabajar (nótese que el cohorte de 10 años en 2009 es sólo el 51% del cohorte de 30 y que el de un año en 2009, el mayor de los recientes, es sólo el 60%). En consecuencia, no tocar el sistema, comportaría a 20 o 30 años vista aumentos impositivos (sobre cotizaciones o impuestos generales) inasumibles para las generaciones hoy jóvenes y también para las venideras.
A falta de milagros de panes y peces la solución pasa por una disminución de la generosidad del sistema o, mejor dicho, por una adecuación de la generosidad (o rendimiento) a las disponibilidades de cada momento. En la propuesta que presentamos ayer un grupo de economistas, sugerimos una serie de medidas que llevarían, en el marco de un tránsito suave, el sistema de pensiones español en esta dirección: elevar gradualmente la edad legal de jubilación hasta los 67 y la edad mínima desde los 61 a los 63 años, con flexibilidad en relación a los colectivos afectados y sus historiales de cotización; ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión a toda la vida laboral; ampliar gradualmente el número de años necesarios para tener derecho a pensión completa de 35 actuales a 40 y fijar, para todos los años de cotización, en 2,5 puntos porcentuales la fracción de la base reguladora que se acumula.
Resulta evidente que la primera medida sugerida comporta una reducción de la generosidad del sistema, ya que implica tener, en principio, que trabajar algo más para obtener la pensión completa y, simultáneamente, disfrutar de la pensión algo menos. Quizás sea injusta, pero no hay alternativa, ya que el número de mayores se doblará en los próximos 40 años y el número de ocupados incluso caerá, respecto a la cifra actual, en algo más de un millón.
Las otras dos medidas, que probablemente bajen ligeramente la pensión de aquellos que concentran sus mejores años salariales en los últimos, mejoran sustancialmente la capacidad de contribución y la equidad del sistema, y para muestra un botón. Considérese el caso de María que trabajó 40 años y cotizó por la máxima 25 años para después cotizar los últimos 15, tuvo mala suerte, por la mínima. Considérese también el caso de Paco, autónomo y que también trabajó 40 años, que cotizó por la mínima 25 años pero los últimos 15 cotizó por la máxima. Claramente María ha cotizado más que Paco pero bajo las reglas corrientes a María le corresponde la mínima (mala suerte: 535 euros) y a Paco la máxima (2.466 euros). Si extendiéramos el cálculo de la base reguladora a, por ejemplo, 30 años, ¿que pensión les correspondería? ¡A María 2035 euros y a Paco 1912! Alternativamente, una extensión menor, por ejemplo hasta los 20 años, no tendría consecuencias sobre la pensión de Paco y sí subiría (más que doblaría) notoriamente la de María.
Sin duda podemos pensar que éstos son casos extremos, pero reflexionando sobre los que le debería tocar a cada uno seguramente concluiríamos: ¡lo justo!
Sergi Jiménez-Martín. Universitad Pompeu Fabra y Fedea