Pensiones públicas sostenibles y equitativas
El Gobierno ha accedido a poner en primera línea de fuego la reforma de las pensiones, más por la presión del mercado financiero que por su propia convicción. Lo cierto es que con el actual desempeño de la economía española, para la Seguridad Social se ha convertido en insostenible a largo plazo el abono de las prestaciones que la actual legislación determina. En una decena de años, con la evolución esperada de la población y la esperanza de vida, aun en un escenario de crecimiento razonable, el sistema público de pensiones sólo tiene dos opciones para mantener sus pagos: elevar las cotizaciones, recortar las prestaciones o una combinación de ambas.
Dado que el sistema de protección de la vejez es uno de los pilares que sostiene a las sociedades occidentales, y cuya viabilidad es crítica para consolidar la confianza de la ciudadanía, que precisa visibilidad y certeza en las rentas tras su retiro para mantener estándares aceptables de inversión y consumo en el presente, las reformas para garantizar su sostenibilidad, eficacia y equidad deben hacerse ya. La maduración de las medidas es muy lenta. Además, para respetar la planificación personal y empresarial respecto al retiro, los cotizantes deben saber a qué atenerse con tiempo suficiente. Cualquier cambio en las reglas de juego no puede ser brusco, y deberá respetar una razonable transitoriedad para que la ciudadanía se adapte a los nuevos estándares de cotización y de prestación, y no puede ser agresiva con el empleo, que es, a fin de cuentas, el fuego que mantiene caliente al sistema.
Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) presentó ayer las líneas básicas por las que debe desenvolverse la reforma que proporcionará al sistema más contributividad, más equidad y más sostenibilidad para hacer frente a la presión demográfica venidera con garantías.
Fedea propone contabilizar toda la carrera de cotización para determinar la cuantía de la pensión (en vez de los últimos 15 años); establecer una escala de aseguramiento en la que sólo se alcance la pensión completa a los 40 años de cotización (en vez de los 35 actuales), y en la que todos los años tienen el mismo peso específico; retrasar la edad de jubilación voluntaria a los 63 años y la legal a los 67 de forma paulatina, e introducir en el cálculo de la prestación un nivelador que considere la esperanza de vida. La combinación de esas tres medidas de forma completa proporcionaría salud y longevidad al mecano, incluso sin necesidad de recortar las prestaciones ni incrementar las cotizaciones, con lo que la variable contributividad sería la gran ganadora. Con estos mecanismos el sistema se acercaría bastante al principio de que nadie se lleve lo que no ha pagado, ni que nadie pague más que lo que se lleve el día de su retiro, cosas que ahora ocurren con naturalidad. En todo caso, estas modificaciones del sistema de reparto (cada generación costea las pensiones de la anterior) no proporcionan la contributividad perfecta en un mecanismo que conserva más de tres millones de jubilados con pensiones mínimas, en el que sus cuantías se manipulan política y electoralmente, son costeadas por los cotizantes más longevos y financieramente más esforzados, y desincentiva la cotización.
La reforma que encaran los partidos políticos, y en la que se quiera o no hay que dar vela a los sindicatos y la patronal que representan a los verdaderos financiadores, debe volver a la vieja idea de los tres escalones de protección, cada cual financiado de forma diferente, y que permita a cada ciudadano ubicarse allí donde quiera, con las limitaciones que impone una Seguridad Social cuya cotización es obligatoria por ley.
El escalón asistencial debe mantenerse como garantía para todos los ciudadanos que han aportado muy poco por sus circunstancias laborales, y deben pagarlo los impuestos; pero estas prestaciones deben estar convenientemente alejadas en cuantía de las contributivas para no hacer guiños desincentivadores a los cotizantes. El segundo escalón, puramente contributivo, debe dar cabida a todos los cotizantes, con un tope de pensión relativamente elevado que devuelva al menos el 70% de la renta como activo. Y un tercer escalón debe estar formado por la capitalización en los planes privados de pensiones, voluntarios y libres, para que quienes lo desean se construyan una pensión privada a la carta.