Bruselas impone que la empresa privada asuma el 100% del riesgo

Las expropiaciones hacen peligrar las concesiones del plan extra de Fomento

La Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha asegurado al Gobierno español que en los contratos de obras que se liciten bajo el modelo concesional las empresas privadas deben asumir el 100% del riesgo de expropiación. Esto representa un duro varapalo para todos los proyectos contenidos en el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), excepto aquellos que realice el Adif.

Las empresas interesadas en participar en el PEI, que pretende movilizar hasta 2013 proyectos por valor de 17.000 millones de euros, defendieron cuando se anunció este plan que los pliegos de los concursos deberían corregir los fallos detectados en las autovías de primera generación o en las radiales de Madrid. Y es que uno de los errores cometidos en el pasado que más daño ha hecho al sector concesional es que las empresas asumieran todo el riesgo expropiatorio, según recuerdan desde la asociación Foro PPP.

Teniendo en cuenta que se han dado casos en los que el precio final de una expropiación fijado por el tribunal competente ha sido un 1000% superior al previsto por la concesionaria, las empresas habían propuesto modular el riesgo y fijar horquillas para evitar la quiebra del equilibrio económico-financiero del proyecto. "Según la localización de los terrenos, las compañías establecerían un porcentaje por encima del precio que sería el que estarían dispuestas a soportar como coste de expropiación. Si el precio final superase ese valor, debería ser la Administración quien absorbiera dicho coste", recuerda José Díaz-Caneja, director gerente del Foro PPP. Los analistas recuerdan que esta solución es más equitativa, puesto que la Administración nunca pierde la propiedad de la infraestructura, aunque sea una empresa privada quien se haga cargo de su explotación y mantenimiento.

Pues bien, Fomento se comprometió entonces a tratar de convencer a Hacienda de que defendiera ante Eurostat estas tesis, ya que de lo contrario el plan extra de inversiones podría no tener la respuesta deseada entre los inversores privados. Fuentes del sector sostienen que Bruselas ha sido tajante: el riesgo expropiatorio corresponde al concesionario al 100% y, lo peor, es que todo apunta a que Hacienda da por buenos sus argumentos.

Rentabilidad y financiación

Pese a ello, las mismas fuentes confían en que la negociación que mantiene Fomento termine dando sus frutos. De lo contrario, todos los proyectos del PEI que se liciten en carreteras y todos los ferroviarios que no desarrolle el Adif peligran. En el caso del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es el ente público quien expropia los terrenos donde se construyen los equipamientos. En el resto, si las empresas deben asumir el riesgo expropiatorio, encarecerán sus ofertas en busca de mayor rentabilidad y, muy probablemente, tendrán más dificultades para obtener crédito. De los 17.000 millones que se prevé movilizar, 11.000 serán para obra nueva, y de éstos, el 70% irá a parar al ferrocarril y el resto a carreteras. "Los bancos exigen cada vez mayor seguridad jurídica con el fin de que el equilibrio económico de la concesión no se vea en peligro, salvo por los denominados riesgos imprevisibles", recordó ayer Alfredo Fernández Rancaño, socio de Garrigues durante la jornada organizada por la APIE.

En este sentido, desde destacadas empresas constructoras se critica cómo la banca continúa poniendo excesivas trabas a la puesta en marcha de estos proyectos de colaboración público-privada. "Se ha llegado a poner en duda si volverá a cambiar la legislación en materia de valoraciones de suelo a efectos expropiatorios o si el Adif seguirá siendo a medio plazo una empresa pública", explican.

De los ocho proyectos del PEI que deberían licitarse antes de finalizar septiembre, valorados en más de 5.660 millones, cinco serán desarrollados por el Adif, dos son accesos ferroviarios al puerto de Algeciras y al aeropuerto de Alicante y uno es de carreteras, para construir el tramo Benavente-Zamora. En estos tres últimos casos preocupa el coste expropiatorio, ya que pese a la que nueva ley de suelo reguló el régimen de valoraciones para frenar la especulación, "nada garantiza que un tribunal interprete la norma de forma distinta".

Dedicar el 1,2% del PIB para el 2% de los viajeros

La Asociación Española de la Carretera celebró ayer una jornada de debate con los principales portavoces parlamentarios de la Comisión de Fomento del Congreso en la que se puso de manifiesto, a su juicio, el proceso de demonización de este modo de transporte que se está produciendo en la actualidad en beneficio del ferrocarril.

Ante el mayor peso que está previsto que tenga el tren en el PEI, la Asociación de la Carretera denuncia que mientras que el ferrocarril transporta 21.856 millones de viajeros por kilómetro, la carretera alcanza los 405.083 millones de viajeros por kilómetro (19 veces más). Por ello, denuncian que vaya a destinarse el 1,2% del PIB a un modo de transporte con el que se mueve el 2% de total de viajeros que se transportan en los distintos modos. Consideran esta decisión "una medida alejada de la racionalidad económica".

Por otra parte, el Estado podría obtener una inyección "inmediata" de unos 10.000 millones de euros en caso de que se alargara el plazo de concesión a empresas privadas de las autopistas de peaje más maduras. Se trata de una de las sugerencias que realizó ayer el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para generar recursos adicionales que destinar a inversión en infraestructuras en la actual coyuntura de crisis y recortes.

Los ingenieros instan además a aplicar cuanto antes la denominada Euroviñeta, el cobro de un peaje a la circulación de camiones en las principales carreteras españolas, que aportaría unos 3.000 millones anuales a las arcas del Estado. En España, Fomento ha admitido que estudia la propuesta, si bien no está previsto tomar ninguna decisión al respecto durante esta legislatura.