Un debate de espaldas a la realidad económica
El debate sobre el estado de la nación, del que todo el mundo esperaba soluciones a los problemas reales del país, se convirtió ayer en un mitin preelectoral que devalúa la escasa confianza de la ciudadanía en los políticos. Aunque tanto el presidente del Gobierno como el líder del principal partido de la oposición identificaron las dificultades por las que atraviesa la economía española -cuantificables en la falta de empleo, el deterioro de la confianza, el encarecimiento y escasez del crédito y la ausencia absoluta de iniciativas emprendedoras por la incertidumbre general-, no aportaron ni una sola solución novedosa. Rodríguez Zapatero se limitó a suplicar consensos a todos los grupos para salvar el que seguramente es el punto de más baja credibilidad política de su carrera, todos ellos en base a las propuestas de reformas planteadas en el Parlamento de forma unilateral y con la urgencia de un decreto. Rajoy, mientras tanto, se limitó a recordar que el presidente es el principal obstáculo para que España recupere la credibilidad y la confianza que precisa la economía, y pidió un anticipo de las elecciones generales como receta mágica.
Mientras esto ocurría en la carrera de San Jerónimo, el Banco Central Europeo hacía público un dato frío sobre la apelación de la banca comercial de la zona euro a su ventanilla de financiación: las entidades españolas han tomado recursos por valor de 126.000 millones de euros en el mes de junio, lo que supone uno de cada cuatro euros prestados por la autoridad monetaria. Tal proporción es más del doble de lo que la economía española representa en la zona euro, así como del peso específico que el sistema financiero español tiene en la Unión Europea. Además, la apelación a la ventanilla de financiación de Fráncfort ha crecido un 47% en sólo un mes. Tales datos revelan, tal como interpretan fuentes bancarias, la delicada situación en la que se encuentra la banca para captar liquidez ante la desconfianza que España genera en los mercados financieros. Es discutible si está o no justificada tal actitud de los mercados hacia España, pero la primera obligación del Gobierno y de la oposición es restablecer la confianza en España.
Las pruebas de esfuerzo que los supervisores europeos han hecho a todas las entidades financieras y que serán publicadas el próximo 23 de julio, que deberían aclarar de una vez por todas la solvencia de la banca española, podrían quedar en agua de borrajas si no van acompañadas de dos cosas: reformas profundas de los mercados de bienes y servicios para restablecer el crecimiento en España, y un compromiso nacional para aplicarlas con el éxito que precisan.
La desconfianza de los mercados podría estar amparada en la escasa credibilidad que proporciona un Gobierno que se ha visto obligado a cambiar de rumbo radicalmente, y sobre cuya convicción para practicar las políticas que se precisan tienen dudas razonables. Pero desde luego está también justificada en la falta de consenso nacional para ejecutar los sacrificios pedidos a la población y los cambios normativos dolorosos necesarios para garantizar el mantenimiento del Estado del bienestar en el futuro. Los mercados valoran por encima de todo la unidad de un país para conquistar su futuro, y que en España parece manifestarse únicamente en el deporte, pero en absoluto en la política.
Tal pacto sólo es posible si se renuncia a los apriorismos políticos, ideológicos y electorales. El Partido Popular parece haberse metido de lleno a disputar el sprint electoral, y escurre su responsabilidad de ofrecer alternativas visibles en el que debe ser el debate político más importante del año. Dado que la situación económica es tan grave como relata, y que existe riesgo cierto de falta de financiación tanto para los emisores públicos como privados en España, lo más sensato es enmendar las propuestas del Gobierno hasta encontrar un punto de aceptación mutua, aunque sea menos atractivo electoralmente que agitar el malestar desde la oposición.
El Gobierno, por su parte, debe presentar un programa completo de reformas, sin condiciones como las que ayer puso Rodríguez Zapatero a la laboral, que a su juicio no puede recortar los derechos de los trabajadores. Si reclama consenso, debe ofrecer flexibilidad en sus planteamientos.
