TRIBUNA

Ante la reforma de las cajas de ahorros

Una vez que la práctica totalidad del sector de cajas de ahorros se ha reestructurado, viene el tiempo de la reforma de su régimen jurídico, que podría haberse efectuado antes, pero el Gobierno prefirió dejar de lado hasta que culminara la citada reestructuración. Una opción que tiene importantes argumentos a su favor, porque ha dado prioridad a lo que parecía más necesario de resolver.

En efecto, una vez que hemos visto que las cajas de ahorros también pueden caer, es muy importante evitar que vuelva suceder, si se pretende mantener su tradicional orientación social, que, en principio, nadie desea eliminar. Sin solvencia, no hay caja que valga y, sin ella, no hay obra social. Y un argumento similar cabría decir respecto a la rentabilidad, ya que, aunque la caja sea solvente, la obra social se dota de sus beneficios.

Por tanto, es lógico que la reforma se centre, sobre todo, en ampliar las posibilidades de fortalecimiento de la solvencia, teniendo muy en cuenta que las cajas, al carecer de propietarios, no disponen de la oportunidad de ampliar un capital que no tienen. Cierto que las cuotas participativas se diseñaron con esa finalidad, pero, carentes de derechos políticos, y otras limitaciones, no han funcionado, puesto que sólo una las ha utilizado.

Si a esto unimos que el proceso denominado Basilea III, actualmente en curso, elevará, con toda probabilidad, los requisitos de solvencia de la mejor calidad, precisamente la que menos pueden captar las cajas en el mercado, resolver este problema es una cuestión clave para el futuro del sector.

Captar recursos en el mercado, especialmente si conllevan participar plenamente en el negocio de la entidad emisora y en sus subsiguientes riesgos, exige instrumentos que sean atractivos para que los inversores los adquieran en cuantía suficiente y en condiciones de coste aceptables. Este objetivo choca, al menos parcialmente, con el mantenimiento de la configuración jurídica tradicional de las cajas de ahorros, que no es la única posible, como se observa en otros países de nuestro entorno, ni tiene que ser idéntica para todas las entidades, como también puede verse en algunos de esos países.

Por tanto, lo lógico es que las cajas dispongan de un abanico de opciones para elegir la que más les convenga en cada caso. Desde hace ya tiempo, nuestras cajas se han hecho cada vez más heterogéneas, no sólo en tamaño, sino también en estrategias, lo que hace que el mismo traje no sirva para todas.

La reestructuración efectuada va a reducir el número de entidades, pero no su heterogeneidad, hasta el punto que, a través de los sistemas institucionales de protección (SIP), el sector ha incorporado una figura que antes no existía, el grupo de caja de ahorros.

Al menos para algunos de estos grupos su unidad central es un banco, algo que puede chocar con el fundamentalismo de formas jurídicas con que se han contemplado tradicionalmente las categorías de entidades de depósito en España, pero hace tiempo que un número significativo de cajas y cooperativas de crédito apoyan sus estrategias de negocio en uno o más bancos. Hay razones para que esto sea así y no debe asustar a nadie, porque también sucede en otros países.

La reforma del régimen jurídico de las cajas tiene otras dimensiones que sería interesante se abordaran de una forma adecuada. Una de ellas es fomentar una gestión más profesionalizada, porque el entorno competitivo va a ser más complejo y más difícil, sin que esté garantizada la supervivencia de ninguna entidad, simplemente porque sea una caja de ahorros o tenga una orientación social.

En ocasiones, esta tendencia se ha interpretado como un menor peso de las Administraciones públicas en los órganos rectores de las cajas. Puede que ayude, pero lo importante es que se elijan unos gestores adecuados, no quien los elige. En todo caso, sobre todo desde una perspectiva de los mercados, la supuesta politización de las cajas no favorece su imagen y, en este sentido, la fórmula que acaba de adoptar Navarra, de eliminar de dichos órganos a los cargos electos, aunque se les tenga en cuenta en un órgano consultivo, nos parece una iniciativa muy recomendable. Una mejor imagen ayudará a captar más y mejores recursos.

Francisco J. Valero. Socio de Analistas Financieros Internacionales