Nunca la huelga general solucionó una crisis
Hoy conoceremos la fecha de la convocatoria de una huelga general que los sindicatos han puesto sobre la mesa como respuesta a las medidas del Gobierno. Aunque la gota que ha desbordado el vaso de la paz social ha sido un proyecto poco ambicioso de reforma laboral, el conflicto se estaba gestando desde que, a mediados de mayo, el Ejecutivo dio un obligado giro radical a su política social, explicitado en un severo recorte presupuestario que, a juicio de los sindicatos, se completa con una reforma laboral "lesiva para los trabajadores", y con el ulterior endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación, tanto en tiempo como en cuantías, a juzgar por los detalles que el Gobierno enunció en febrero.
Si hay o no motivación para convocar a una huelga general lo dirá la ciudadanía en la fecha que los sindicatos elijan, y para la que tienen un problema agudo de calendario por la inmediatez del periodo vacacional. Pero algunas pistas tenemos de que no está ahora por la movilización, a juzgar por la respuesta que los funcionarios dieron a su paro general y manifestación la semana pasada. La opinión mayoritaria expresada en las propias consultas demoscópicas revela que la población está resignada a la necesidad de reformas profundas de determinados mercados para poder superar cuanto antes la crisis que atenaza a España.
Cierto es que llegado este punto quedaban pocas alternativas a las centrales sindicales. Nunca han aceptado de buen grado, ni ahora ni en el pasado, que los Gobiernos optasen por la vía rápida del decreto para cambiar las reglas de juego, y siempre han considerado que ellos en determinadas materias, como la legislación laboral, eran más soberanos que el Parlamento, lo que les convertía en interlocutores obligados. En caso de considerarse puenteados, el conflicto estaba servido.
No ha sido ahora el caso. Sindicatos y patronal han dispuesto de un periodo de casi dos años para buscar un compromiso, y lo han hecho con la presión que proporciona un crecimiento disparatado del desempleo, que se ha duplicado en dos años tanto en valores absolutos como relativos. Pero, conscientes de que el mercado español precisaba de un cambio decidido, no han sido capaces de proporcionarlo, ciegamente agarrados unos y otros a determinadas banderas que podrían costar muy caras a la sociedad española. Conocían que su concurso era determinante para contribuir a la recuperación económica y a culminar las reformas, y su aportación al empeño se ha quedado, desgraciadamente, en una huelga general.
Una huelga general que nunca ha contribuido a superar una crisis ni a consolidar una recuperación económica. Por tanto, ahora es ni más ni menos que un obstáculo más para el plan de reformas y para la recuperación. Cuando todos los mercados financieros que nos han prestado recursos por 3,8 veces el PIB han puesto en cuarentena el crédito de España; cuando los inversores apremian a las autoridades a construir una política que devuelva la confianza en la economía; cuando más tensa es la situación política y más débil la posición del Gobierno... los sindicatos vuelven al conflicto. Un conflicto que, si se prolonga hasta el otoño, es el más desaconsejable de los climas para recomponer la confianza.
En todo caso, cuando más escepticismo hay en la población con la huelga general, más esfuerzos de explicación deberán desplegar los convocantes. Y no va a ser fácil encontrar argumentos en una reforma que toca los derechos laborales mucho menos de lo previsto y temido inicialmente, y que proporciona una buena dosis de poder sindical adicional. Es muy difícil explicar que se reduce la indemnización por despido a los trabajadores, como lo es explicar a los empresarios que se reduce el coste.
Pero una vez que la huelga general parece inevitable (ningún Gobierno en democracia ha logrado esquivarla), el Ejecutivo debe aprovechar para hacer los cambios que la economía necesita. Como eliminar la dualidad inmoral del mercado con un contrato fijo único, con escala de indemnización progresiva, que prohíba a la vez los temporales. En otras palabras: enterrar los temporales sin derecho a indemnización y, con ellos, la sobreprotección de los 45 días.