El cigarrito en los toros, pero no en el parque
Como un ilusionista que hipnotiza a sus espectadores con la mano derecha, mientras la izquierda realiza un movimiento imperceptible para el público, pero vital para conseguir sus intereses. El Gobierno está realizando -con más o menos sigilo- un doble juego a la hora de regular el sector del tabaco.
El Ministerio de Sanidad ultima, con el apoyo de los grupos parlamentarios de izquierda, una ley del tabaco que convertirá a España en uno de los países de Europa que más trabas pone a los fumadores. Su lema: hay que rebajar el número de clientes cautivos de las tabacaleras. Además ha obligado a los fabricantes a introducir en las cajetillas (a partir de 2011) duros pictogramas donde se alerta a los fumadores del impacto del tabaco en su salud y que va a reducir la presencia de las marcas a la mínima expresión.
Mientras, la ley que prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados estará en vigor el próximo 1 de enero. Adiós al tradicional (correcto o no) cigarro de las bodas, bautizos y comuniones. Y adiós al café, copa y puro. Por ello, la restauración recalca los malos augurios porque la prohibición va a entrar en vigor dentro de seis meses, con la crisis haciendo mella en sus resultados. Según sus cálculos, su facturación puede recortarse cerca de un 10%. Nada dicen de las previsiones de ingresos de los no-fumadores: si acudirán más habitualmente a los locales de ocio o si prolongarán más tiempo sus sobremesas.
La nueva ley del tabaco de 2011 se perfila como una de las más restrictivas de la Unión Europea
Pero la ley va a ir un paso más allá de los bares y restaurantes. Para apoyar la proposición de ley elaborada por el Ministerio de Trinidad Jiménez, IU-ICV y ERC pretenden que la ley sea más estricta y se prohiba fumar, por ejemplo, en los parques infantiles o las zonas cercanas a los accesos de hospitales o centros educativos. Su objetivo: evitar que el consumo de tabaco se propague entre la población más joven y proteger a los ciudadanos hospitalizados. Otra de las enmiendas que, previsiblemente, saldrá adelante es la cofinanciación de los tratamientos para dejar de fumar. De esta forma, si la ley se aprueba según lo adelantado este miércoles, cualquier fumador tendrá prohibido consumir cigarrillos en los parques -o en zonas de estos- destinadas a los infantes. Pero sí que podrá fumar si su prole le acompaña a un partido de fútbol, a un concierto al aire libre, o incluso, en una corrida de toros. Se trata de recintos a cielo descubierto y la futura ley no los incluye.
El doble juego del Estado en materia del tabaco va más allá. El pellizco que deja este producto en las arcas de Hacienda es más que sustancial. En el ejercicio 2009, la recaudación a través de los impuestos que cargan el tabaco (IVA, específico, ad valorem y mínimo) se situó cerca de los 9.447 millones de euros. Un pastel, que dada la necesidad de ingresos fiscales, Hacienda quiere poner a buen recaudo.
España ocupa un puesto en el podium europeo de países con mayor carga impositiva sobre los cigarrillos, que siguen siendo más baratos que en otros países de la UE. Hace tiempo que España ostenta el título de "el estanco de Europa" donde los turistas se abastecen de cajetillas antes de volver a sus países. Es decir, precios reducidos, pero con alta fiscalidad.
Y nada apunta a que esta situación vaya a cambiar en los próximos meses. Al contrario, en las últimas semanas son muchas las voces dentro del sector que alertan de una subida de los impuestos especiales en el corto plazo. Sin olvidar la subida del IVA del próximo 1 de julio. Actualmente, más del 77% del precio de una cajetilla de Fortuna (3,40 euros, tras la subida de precios de esta semana) se va directamente a las manos de Hacienda. Así, el Estado está encantado de recaudar y hacer caja gracias al gasto que realizan los fumadores. Aunque parte de estos ingresos tendrán que ir dentro de sólo unos meses -si se cumplen las peticiones de IU- a financiar los tratamientos de aquellos fumadores que traten de abandonar este hábito.
La vinculación estatal con el tabaco va un paso más lejos. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es la principal accionista de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), de la que controla el 79,18% del capital. Es decir, el Estado es el principal productor de tabaco de España, focalizado en la región de Extremadura. Una empresa que, según las cuentas del tercer trimestre de 2009, genera en tres meses unas ventas de 29,6 millones y en nueve un beneficio de explotación de 2 millones. Tampoco hay que olvidar que la UE (que hace relevantes campañas antitabaco como Help) subvencionaba hasta este año su cultivo. Sólo en Extremadura las ayudas a la producción de tabaco ascendieron a 31 millones. Otra contradicción más.