La banca y el ladrillo
Uno de los principales problemas a los que tiene que enfrentarse la banca española es la elevada concentración del riesgo en el ladrillo. Los últimos datos del Banco de España referidos a diciembre de 2009 indican que el saldo vivo del crédito al ladrillo (incluyendo la compra de vivienda) asciende a 1,11 billones de euros (105% del PIB), de los que el 41% corresponden a promoción inmobiliaria y construcción. Estos últimos tienen una tasa de morosidad cercana al 10%, con un volumen de créditos de dudoso cobro de 43.591 millones de euros. Si añadimos el crédito hipotecario, el volumen de morosos asciende a 62.173 millones de euros, por lo que el ladrillo representa nada más y nada menos que el 67% del total de crédito de dudoso cobro del sector bancario español (47% si se excluye la compra de vivienda).
Con tanto ladrillo en el balance de la banca española y con tan elevadas tasas de morosidad, no es de extrañar que las entidades utilicen todo tipo de estrategias para facilitar la digestión. Además de periodos de carencia y alargamiento en los plazos de vencimiento, una estrategia muy utilizada es la dación en pago, la adjudicación de activos y la compra de inmuebles. Según datos del Banco de España, el valor de estos activos asciende a casi 60.000 millones de euros.
Utilizando los datos que aportan la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) de los balances consolidados entidad a entidad, se puede aproximar la cifra agregada que ofreció el Banco de España en su último Informe de Estabilidad Financiera sumando tres partidas del balance: los activos no corrientes en venta, las inversiones inmobiliarias y las existencias. Con este cálculo, los resultados indican que de los 60.000 millones de euros de activos inmobiliarios adjudicados, 39.000 millones corresponden a las cajas de ahorros y 21.000 a los bancos. Y en términos relativos al activo total, estos activos representan el 2,91% del balance de las cajas, frente al 1% en los bancos. Por tanto, con estas cifras, es evidente que la digestión del ladrillo es más problemática para las cajas que para los bancos.
Si descendemos al detalle por entidades, las cajas de ahorros ocupan con diferencia las primeras posiciones del ranking de activos adjudicados en relación al activo total. En concreto, las seis primeras posiciones las ocupan siempre cajas de ahorros, con un valor máximo del 9,6% en dos cajas. Y entre las 20 primeras entidades, sólo hay 3 bancos (el primero, con un porcentaje de activos adjudicados del 4,95%). Los dos grandes bancos españoles presentan ratios muy reducidas, por debajo del 1%, mientras que en las grandes cajas, hay importantes diferencias entre ellas.
Dado que el crecimiento tan elevado de los activos adjudicados viene explicado por las dificultades (o imposibilidad) del deudor para hacer frente a sus compromisos con los bancos, la tasa de morosidad real es muy superior a la contable. Si al volumen de créditos de dudoso cobro añadimos los 60.000 millones de activos inmobiliarios adjudicados, la morosidad total asciende a 167.466 euros, con una tasa de morosidad real del 8,6%, frente a una tasa contable del 5,3% (marzo 2010).
Además del reto que supone la gestión de estos activos inmobiliarios para darles salida en el mercado, un problema añadido es hacer frente a las provisiones que exige el Banco de España. Además del 10% de provisión que impone el supervisor en el momento de la adjudicación del activo, hay que hacer provisiones adicionales conforme pasa el tiempo y el activo permanece en el balance. Así, si transcurrido un año el activo sigue en el balance, se exige un 10% adicional que puede llegar a otro 10% más (un 30% de forma acumulada si tras dos años sigue sin venderse). Y con estas exigencias, es muy fácil percatarse de la magnitud del problema. Si los 60.000 millones de euros en activos inmobiliarios siguen en balance un año más, habrá que detraer hasta un valor máximo de 6.000 millones de euros de la cuenta de resultados de 2010, muy mermada en una coyuntura de crisis económica.
En este contexto, el Banco de España se enfrenta a un dilema. Por un lado, si quiere facilitar la digestión de las entidades bancarias, va a tener que relajar la aplicación de la normativa sobre provisiones. Pero por otro lado, si quiere incentivar que la banca se desprenda de los activos, debería aplicar estrictamente la normativa. Es probable que al Banco de España no le quede más remedio que atender la demanda del sector relajando la aplicación de la norma, tal y como ya hizo el año pasado con determinados activos morosos con garantía hipotecaria.
Joaquín Maudos. Investigador del IVIE y profesor de la Universidad de Valencia