CAM busca reabrir la negociación con Cajamurcia y pactar la fusión

Caja Mediterráneo (CAM) volverá a intentar la fusión con Cajamurcia. La entidad que preside Modesto Crespo quiere retomar el acuerdo que se rompió casi a a las puertas del Banco de España. CAM quiere con esta fusión acabar con las presiones que la sitúan en el disparadero del sector financiero.

Caja Mediterráneo (CAM) trabaja para reabrir la negociación con Cajamurcia y cerrar un acuerdo de fusión que estaba prácticamente hecho el lunes de la semana pasada. La exigencia del presidente ejecutivo de la entidad murciana, Carlos Egea, de mantener su puesto y sus atribuciones en la entidad resultante durante los próximos cinco años frustró el pacto que se iba a presentar al Banco de España ese mismo día.

El vicepresidente de CAM, Armando Sala, tras ser preguntado ayer por posibles negociaciones con otras entidades, se limitó a afirmar: "En ello estamos". Desde Cajamurcia se aseguró que aún no ha habido ningún nuevo contacto, aunque se admitió que desde distintos grupos de presión se está insistiendo a volver a la mesa de negociaciones.

La exigencia de Egea sería el único escollo a superar para recuperar el proyecto y permitir a las dos entidades volver a viajar a Madrid para presentar el acuerdo dentro del plazo límite marcado por el Banco de España, es decir, antes de que acabe el mes de junio y, por tanto, la posibilidad de acogerse al Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB).

Las negociaciones entre las dos cúpulas de las entidades que se mantuvieron hace una semana contaron con el apoyo tanto de los Gobiernos autonómicos, ambos controlados por el PP, como con el del principal partido de la oposición, el PSOE. Los dos grandes partidos, al menos en la Comunidad Valenciana, coinciden en la necesidad de evitar que CAM, ante la presión del regulador para que se fusione antes de final de junio, acabe en manos de Caja Madrid, algo que se da por hecho y que sería del agrado del Banco de España, pero que incomoda tanto a políticos como a empresarios por la pérdida de influencia en el grupo resultante. "Perderíamos una caja", afirma un empresario.

A pesar de que el presidente de la caja madrileña, Rodrigo Rato, ha reiterado tanto a su consejo de administración de forma explícita como a la asamblea de manera más genérica que no está negociando con CAM y que en estos momentos sería malo para los ratios de la entidad asumir el negocio de la entidad con sede en Alicante, lo cierto es que el Banco de España quiere que antes de que se cierre esta primera ronda de fusiones, haya algún movimiento por parte de alguna gran caja. Para evitar la riesgo de que sea el regulador quien señale cuál debe ser el proceso que debe formalizarse, CAM ha establecido contactos para encontrar un socio que le permita cumplir con las condiciones del FROB y, por tanto acceder a los fondos.

Al fracaso inicial de las conversaciones con Cajamurcia, se unió la "imposibilidad económica" de retomar el viejo proyecto de unir Bancaja y CAM, según recoge un informe realizado por Analistas Financieros, que asegura que ni con 2.500 millones al FROB se podrían atender las necesidades de una caja que estaría en pérdidas 10 años.

La nueva ley sectorial, para septiembre

Uno de los aspectos que preocupaban en el diseño de la caja resultante de la fusión entre CAM y Cajamurcia era la ubicación de la sede social. Al tratarse de una unión interregional, la ley de cajas autonómica de la región donde esté el domicilio de la entidad sería la que imperaría en aspectos clave como la composición de los órganos de Gobierno. Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico que han participado en la negociación y que conocen el contenido de la pasada reunión entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguraron que "dejará de ser un problema en septiembre". Estas fuentes apuntaron que será entonces cuando esté lista la nueva legislación sobre cajas de ahorros que viene reclamando el sector, y que unificará aspectos que ahora pueden ser dispares en las normativas de cada comunidad autónoma.