Contundencia en la UE para evitar una recaída
El Banco de España dio por terminada la recesión de la economía española el viernes. Una excelente noticia que, sin embargo, quedó eclipsada por un nuevo desplome bursátil, esta vez del 3,28%, que llevó al Ibex a perder 13,78% en la semana. Habrá que confiar en que el plan de rescate griego, ratificado el viernes por los mandatarios de la zona euro reunidos en Bruselas, y las medidas de "intervención multilateral" en el mercado sirvan para poner calma en los mercados.
La idea inicial de los líderes de la zona euro gira en torno a un sistema coordinado de respuesta que deje atrás la precariedad del mecanismo de préstamos bilaterales pactado para rescatar a Grecia. En principio, las intervenciones multilaterales del futuro, si llegaran a hacer falta, podrían hacerse a través del BCE y de los 16 bancos centrales de la zona euro. Quizá Jean-Claude Trichet se vea obligado a desdecirse de lo mantenido, al menos formalmente, el pasado jueves y deba crear finalmente un fondo para comprar deuda soberana en dificultades, como hizo antes con las cédulas hipotecarias. Si esta operación se hubiese presentado en la reunión mensual celebrada esta semana en Lisboa, es posible que los mercados se hubiesen tranquilizado sin tener que llegar a las drásticas medidas adoptadas el viernes.
Pero, además y empezando por España, la economía europea debe acometer reformas. La crisis griega ha demostrado que la UE tiene demasiados flancos débiles y acierta Angela Merkel cuando asegura que "no sólo Grecia debe consolidar sus cuentas, todos debemos hacer esfuerzos importantes". La cumbre de este viernes ha sido la segunda ocasión, en los 11 años de Unión Monetaria, en que los líderes de la zona euro toman decisiones sin la presencia del resto de miembros de la UE. La primera fue después de que la caída de Lehman arrastrara a parte del sector bancario europeo. Esta ha tenido como motivo el temor a otro crac crediticio y el cataclismo bursátil. Sería imperdonable que la Unión demore más la aprobación de fórmulas de control que eviten nuevos episodios críticos y pongan en marcha mecanismos para superarlos con celeridad.
En España, la semana entrante contaremos con el impulso que supone que el INE refrende, como hará con toda probabilidad, la salida de la recesión de la economía nacional avanzada por el Banco de España. Ahora bien, por optimista que sea, el dato exige ser relativizado: entre enero y marzo el PIB habría crecido un 0,1% en términos intertrimestrales. Es una mínima mejoría de dos décimas, pero que, si son bien gestionadas, pueden implicar un cambio anímico sustancial que contribuirá a fortalecer la confianza. De hecho, todo indica que ha sido la recuperación del consumo privado lo que ha permitido a la economía volver a la senda de crecimiento, a tenor de las cifras barajadas por el Banco de España.
Sobre la recuperación se ciernen, no obstante, serias amenazas. Los duros avatares financieros de las últimas semanas pueden pasar factura a la economía real, tanto en España como en el resto de socios europeos. En términos domésticos, la subida del IVA a partir del tercer trimestre, la finalización de las ayudas directas a la compra de vehículos y la no descartable retirada de otros incentivos fiscales pueden desanimar de nuevo el consumo. Y a ello hay que sumar el imprescindible recorte del gasto público para atajar el déficit presupuestario. Los expertos consideran por ello que la economía española puede marcar de nuevo tasas trimestrales negativas a lo largo del año.
El optimismo del Gobierno remarcando los datos positivos de los últimos días -crecimiento del PIB, reducción del paro en abril o mejora de la producción industrial- sólo se justifica si es una vacuna contra el peligroso inmovilismo. Hasta el momento no se ha producido ninguna de las grandes reformas estructurales que precisa la economía española, como la del mercado laboral y del sector financiero, así como las que deben afrontar, entre otros, el modelo productivo, el sector energético, el sistema educativo -y más tras el sonoro fracaso del pacto entre el Gobierno y el Partido Popular-, el judicial o la simplificación y modernización de la Administración del Estado, por citar sólo algunos de los más urgentes.
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