El futuro del sector bancario español
Junto con la reforma del mercado de trabajo y la necesidad de reorientar el modelo de crecimiento, la reestructuración del sector bancario es uno de los retos más importantes a los que debe enfrentarse la economía española para salir de la crisis. A los efectos generalizados de propagación de la crisis financiera internacional -el estancamiento de los mercados interbancarios y de bonos, y la incertidumbre generalizada en los mercados de capitales- se une que las entidades bancarias españolas están sufriendo con cierta virulencia los efectos de la crisis por su particular exposición al mercado inmobiliario. Todo esto sucede, además, en un contexto macroeconómico delicado (tasa de crecimiento negativa del PIB, elevada tasa de paro, abultado déficit público, etc.) en el que la crisis de la deuda europea es el último episodio de una ya prolongada serie de inclemencias.
Ineludiblemente, el sector bancario español tiene que llevar a cabo una profunda reestructuración para poder afrontar ese entorno económico y los importantes desafíos a los que tiene que hacer frente. En particular, tiene que enfrentarse a retos como la elevada concentración del riesgo en el ladrillo -que alcanza en la actualidad los 1,11 billones de euros, el 105% del PIB- y el aumento de la morosidad, con una tasa del 5,4% para el total del crédito y del 10% en crédito a la construcción y a la promoción inmobiliaria. Es preciso, asimismo, reorientar el negocio bancario hacia otras actividades no basadas en el ladrillo y con un mayor potencial de generar valor añadido, tan necesarias en el nuevo modelo de crecimiento basado en la economía sostenible.
Otro importante reto es hacer frente a cuantiosos vencimientos de deuda en un contexto de dificultad en el acceso a los mercados mayoristas, precisamente ahora que se produce la retirada progresiva de las ayudas del Banco Central Europeo (no es de extrañar la actual guerra del pasivo). Asimismo, el sector se enfrenta a una reducción de los márgenes que se está produciendo por varios motivos: descenso de la actividad, competencia en la captación de pasivo, mayores provisiones para hacer frente a la morosidad, etc. Por si fuera poco, a esto se une el impacto negativo de la actual crisis de la deuda soberana, que conlleva un riesgo de otra rebaja en el rating de la deuda española (tras la de S&P de la semana pasada) contagiada por las reducciones en la calificación de la deuda en Grecia y Portugal y que puede salpicar a la banca española. No queda otro remedio que asumir, además, el sobredimensionamiento del sector, con un exceso de capacidad instalada en términos de oficinas y empleo. Esta reestructuración exige el cierre de oficinas y, si bien el ajuste ya ha empezado, las previsiones de caída de negocio para los próximos años apuntan a una drástica reducción de la capacidad instalada.
Muchos de estos esfuerzos deben ir encaminados a un objetivo fundamental, abrir el grifo del crédito, tan necesario para reactivar la economía, sobre todo en un país tan dependiente de la financiación bancaria. Las actuales tasas de variación (negativas) del crédito vienen explicadas, en gran parte, por la caída de la inversión y el consumo, pero también por la necesidad de hacer frente a la morosidad. Y también llegan desafíos regulatorios que se expresarán, sobre todo, en la necesidad de incrementar los recursos propios, tanto porque el mercado lo requiere, como por las mayores exigencias que propone el BIS, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2012. Y sobre todos los retos, uno que sirve de corolario, la necesidad de acelerar el proceso de reestructuración. Las ayudas del FROB terminan el 30 de junio, si bien es más que probable que haya que prorrogarlo hasta finales de año, como lo están reclamando las cajas de ahorros. Además, habrá que implementar otras reformas encaminadas a facilitar el proceso de reestructuración (como la reforma de la ley de cajas). En este punto, es conveniente señalar que los retos planteados afectan al conjunto del sector bancario español, por lo que no son patrimonio exclusivo de las cajas de ahorros como en ocasiones se afirma. No obstante, algunos de los desafíos adquieren mayor protagonismo en las cajas, debido a su naturaleza institucional, sobre todo en lo que hace referencia a la necesidad de fomentar o abrir nuevas vías de captación de recursos propios (como las cuotas participativas con derechos políticos). También el ajuste en la capacidad instalada debe ser mayor en las cajas, ya que son las que explican el elevado crecimiento de la red de oficinas del sector bancario español en los últimos 10 años.
En todo caso, la lentitud del proceso de reestructuración es un elemento de enorme preocupación, que pasa factura en términos de la tan necesaria recuperación del crédito. Y para que la financiación fluya, es necesario previamente sanear el sector reconociendo la dimensión del problema. En nada ayuda difundir cifras de pérdidas estimadas con un rango de variación tan amplio como el que se desprende de algunos de los informes difundidos. Se debe conocer la verdadera dimensión del problema y realizar de una vez por todas las reformas necesarias. La importancia de acelerar la reestructuración de la banca española es cada vez más imperiosa a tenor de los episodios que estamos viviendo en los últimos días en forma de tragicomedia griega, así como por las últimas cifras de la tasa de paro. En el primer caso, una nueva rebaja del rating de la deuda española, se catalogue como justa o injusta, sería una pésima noticia que acabaría salpicando a la deuda bancaria. Y en el segundo caso, el aumento del desempleo y, sobre todo, su continuidad en el tiempo, afecta negativamente a la morosidad bancaria, tanto la que afecta a los préstamos a particulares como a las empresas.
Finalmente, y no por ello menos importante, es necesario exigir responsabilidades, sobre todo si se demuestra que en algunos casos los problemas de las entidades son más la falta la diligencia en la gestión que los efectos derivados del ciclo económico. Y máxime si el coste del ajuste acaba afectando a las arcas públicas.
Santiago Carbó Joaquín Maudos. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada. Investigador del IVIE y profesor de la Universidad de Valencia