La década prodigiosa da paso a la era de las concesiones
La inversión público-privada permitirá sacar adelante el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI). Se trata de impulsar la recuperación sin incrementar el déficit público
De excelente iniciativa es como califica el sector el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) presentado por el Gobierno recientemente. Compañías constructoras y de ingeniería, patronales y Fomento trabajan para cerrar los flecos del nuevo modelo de concesiones que, por primera vez en España, es de aplicación estatal y que deberá desarrollarse en los dos próximos años. Es un plan sostenible para las cuentas públicas, según el Gobierno.
Con una inversión prevista de 17.000 millones, un 1,7% del PIB, el PEI es el proyecto en marcha más ambicioso basado en la colaboración público-privada de la UE. De esta cantidad, 11.000 millones se destinarán a obra nueva, fundamentalmente ferroviaria, y el resto a explotación y mantenimiento de las nuevas infraestructuras. Por primera vez se abordan inversiones para potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril.
La financiación del PEI no va a impedir alcanzar el objetivo de reducir el déficit público del 11,2% al 3% en 2013 porque las entidades financieras y las empresas adelantarán el dinero de las obras. A cambio, las adjudicatarias cobrarán un canon, a partir de 2014, que costará al Estado 1.600 millones anuales. Según ha indicado el ministro de Fomento, José Blanco, el nuevo plan cuenta con la colaboración de BEI, ICO, AEB y CECA. Este apoyo garantiza la financiación del 90% de los proyectos previstos.
Las empresas cobrarán un canon, a partir de 2014, que costará al Estado 1.600 millones de euros anuales
"Estamos muy satisfechos de que se haya producido por fin esta iniciativa. La razón es bien simple. Las exigencias de la crisis, de la que deriva la necesidad de austeridad presupuestaria, no hacen más que incrementar la opinión de que o se busca una salida especial para seguir creando infraestructuras o no será posible acometerlas en los dos o tres próximos años", indica Javier Sáenz de Cosculluela, presidente de Aerco, asociación que agrupa a empresas constructoras de obra pública de tamaño medio.
Para Sáenz de Cosculluela, las ventajas de este plan especial son muy claras. "La repercusión en el empleo de 17.000 millones de inversión será muy importante. No estamos hablando sólo de las constructoras de obra pública, también de los fabricantes de tecnología, cemento, hierro, cerámica, estudios de ingeniería, etcétera. En definitiva, de una gama de actividades impresionante". Además, es una inversión productiva, por tanto, es buena para el país, porque mejorarán todavía más las comunicaciones y ello facilitará la actividad económica. Cosculluela añade una última consideración: "Sin duda, este plan de infraestructuras va a contribuir a generar confianza".
El presidente de Aerco defiende el "extraordinario potencial tecnológico" de las compañías medianas españolas, su saber hacer, también su experiencia concesional. El único problema es que tienen menor capacidad financiera que las grandes. "El esfuerzo financiero sobrehumano que, a veces, tienen que realizar conduce a que, aunque sepan hacer las obras, en ocasiones no puedan acometerlas. Esto lo ha entendido el Gobierno perfectamente y habrá un tamaño y tipo de proyectos en los que podrán participar las compañías de dimensión media".
Después vendrán las peleas entre las empresas, las licitaciones, algo que forma parte de la competencia aunque, de momento, lo importante para Aerco es que el nuevo marco se ha establecido con la característica de que también va a ser posible la participación de las medianas. Pero no hay que impacientarse. "Tenemos que hacer las cosas bien. Este es un programa que se ha diseñado en un año y ha sido muy complicado porque uno de sus principales hándicaps era que la financiación no computase como déficit público, y esto ha requerido intensas negociaciones en Bruselas".
Desde Seopan, su vicepresidente, Julián Núñez, valora también positivamente el PEI, sobre todo porque "en la situación actual es una herramienta eficaz para mantener las inversiones, respetando los criterios del Gobierno para no aumentar el déficit público".
Para Núñez es obvio que cuando se cambia el modelo en cualquier actividad económica es necesario hacer una serie de ajustes. En ese sentido, cree que no se debería dejar pasar la oportunidad de crear en España un marco de colaboración público-privada lo más eficiente posible, estable y seguro, que pueda convertirse en un referente mundial, "igual que lo son nuestras empresas".
Un dato deja bien claro esa posición sobresaliente del sector: la inversión mundial en concesiones de infraestructuras de transporte realizada por las seis mayores compañías españolas desde el año 1985 es de 173.900 millones de dólares, cifra que representa más del 57% del total invertido desde esa fecha, según reflejan los datos aportados por Seopan.
Las más competitivas del mundo
El sector de infraestructuras español cuenta con empresas que disponen de la capacidad, tamaño, experiencia y tecnología necesarias para competir en EE UU, actualmente el mayor mercado del mundo. "Sólo en California hay en estos momentos más de 50.000 millones de dólares de presupuesto para infraestructuras, con proyectos como la ampliación del metro de Los Ángeles, mejoras en las carreteras en San Francisco o el tren de alta velocidad", apunta Germán Loperena, socio de la consultora Strategy & Focus en el área de internacionalización."La mayoría de las grandes constructoras nacionales están desarrollando proyectos en ese país y las medianas disponen de una ventana de oportunidad en los próximos años para poder entrar". Loperena afirma que quizás el factor diferencial más importante de las empresas españolas es su capacidad para desarrollar los proyectos en los plazos estimados. "En este sentido, son las más competitivas del mundo".
