Por un marco energético estable
En 2009, el presupuesto público desembolsó más de 6.000 millones de euros en primas a la producción de energías verdes y la oferta generada cubrió el 18% de la demanda en el país, según se recoge en los últimos datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La mayoría de las subvenciones fueron absorbidas por la producción solar (casi la mitad), seguida de la eólica, que obtuvo uno de cada cuatro euros. Una de las consecuencias directas de este plan de ayudas, tal como esgrimen las compañías productoras, es el liderazgo español en energías limpias, que resiste la comparación con el ejercido por Alemania o por EE UU.
Pero hay otras consecuencias, según señalan sus detractores: el sobrecoste de producción vía subvenciones genera un abultado déficit que sólo puede ser abordado con un incremento notable en los recibos o con recurso al déficit tarifario. De hecho, en caso de repercutir todo el coste de las bonificaciones en el recibo de los 22 millones de usuarios con contrato, cada uno tendría que aportar cada año cerca de 250 euros para sostener la energía verde. Estamos, pues, ante un debate realmente serio, con el telón de fondo de las restricciones presupuestarias y la alargada sombra de los nocivos efectos del déficit sobre la recuperación de la economía española.
Pero, además, estamos ante uno de los mayores retos de futuro que se le pueden plantear a un Gobierno: definir el modelo de sistema energético que quiere dejar en herencia. Hasta la fecha, todo parecía indicar que el Ejecutivo se decantaba clarísimamente, en línea con las directrices europeas, por una apuesta por las energías verdes. No obstante, los últimos movimientos del Ministerio de Industria apuntan cambios, con la intención de modificar a la baja las primas a las renovables, incluso implementando alguna suerte de retroactividad.
Este nuevo escenario, aún plagado de incertidumbre, ha tenido un impacto directo y tangible: el castigo en Bolsa a las empresas ligadas al negocio de las energías renovables. Y otro menos claro, al menos de momento, como es la desconfianza entre analistas e inversores. Nada genera mayor rechazo entre los dueños del dinero que moverse en un marco legal inestable, cambiante. Desgraciadamente, el terreno de juego legal del sistema eléctrico español tiene esos defectos, al margen de ser un auténtico galimatías.
Cierto es que el equipo de Miguel Sebastián no lo tiene nada sencillo y que ha heredado gran parte de los problemas. Pero los Gobiernos están para gobernar y han de hacerlo con inteligencia, con valentía, con altura de miras, sin dudas y, en este caso concreto, con la mirada puesta en el futuro de varias generaciones. Es necesario un marco legal creíble, estable, claro y sostenible desde todos los puntos de vista, incluido el financiero.