Libertad económica y planificación

Javier Fernández Aguado reflexiona sobre cómo el gasto excesivo puede colapsar un Estado. Para ello, viaja a Roma y explica cómo los impuestos se hicieron crecientes y asfixiantes para sufragar el Imperio

Desde tiempo inmemorial, se ponen encima de la mesa las diversas alternativas que existen frente al mercado. Las posiciones corren desde los liberales a ultranza, que defienden que ya quedará éste regulado en su propia actuación, a quienes adoptan posiciones estatalistas y consideran que una rígida planificación es la mejor opción. Del fracaso de ambas disyuntivas, cuando carecen de equilibrio, está el mundo lleno. En ocasiones se presenta sobre el tapete que la no resolución de este conflicto ideológico, más que económico, coadyuvó a la caída del Imperio Romano. Considerar, si quiera a vuelapluma, algunos sucesos acaecidos entre el siglo III y el V puede arrojar luz sobre esta controvertida y actualísima cuestión.

En el año 301, Diocleciano trató de fijar los precios y los salarios máximos. La pena era la muerte para quien violase el edicto de precios máximos. Lactancio es el notario del fracaso de aquel intento. Narra que muchas mercancías fueron retiradas del mercado, que los precios siguieron ascendiendo y que al cabo, se produjo "gran efusión de sangre a causa de pequeños e insignificantes detalles".

A pesar del fiasco, quedó claro que la época de la plena libertad económica quedaba atrás. Inicialmente fue el crecimiento del Ejército lo que llevó a la entrada del Estado en el sector industrial. La necesidad de armas, por ejemplo, impulsó la puesta en marcha de fundiciones, talleres de armamento, pero también de fábricas textiles o empresas de construcción. Se multiplicaron instituciones productivas controladas por el Estado en Italia, pero también en la Galia, en Cartago, en Iliria y en Britania (por ejemplo, en Winchester). La producción era autárquica: el destino eran las legiones. No se pretendía competir en el mercado libre, por el momento.

Tratar de sustituir el mercado por el control estatal conduce habitualmente al anquilosamiento

Algunas de esas industrias -especialmente las tintorerías-, en las que el trabajo era muy desagradable (se empleaban orina humana y/o mariscos podridos), se empleaba mano de obra esclava. Gibbon, en su famosa obra, olvida el pequeño detalle de que la iglesia trató de humanizar la situación de los millones de esclavos que malvivían en el Imperio para beneficio de la clase adinerada. Es obvio que un pro revolucionario no podía reconocerlo.

Tan insufrible se fue haciendo la situación que, por poner un ejemplo, en un edicto del año 380 se lee la prohibición de casamiento de los hijos de obreros en la Casa de la Moneda con personas que no fueran de su idéntico nivel social. En términos generales, los empleados por el Estado recibían su salario en especie. Con todo, mantener a una clase funcionarial amplia llevó a un incremento de los impuestos. No hay que olvidar que además de los obreros y esclavos mencionados, la casa del emperador incluía su propia guardia, un servicio abundantísimo, funcionarios que controlaban las provincias, y un Ejército en ampliación. En fin, el número de funcionarios fue incrementándose a una velocidad notable.

A quienes trabajaban en el campo se les cobraba en especie. A lo artesanos, por el contrario, se les exigían fuertes cantidades de dinero. Es decir, oro y plata. El caso de los senadores es sintomático, pues demuestra su pérdida de poder. Ellos, además de liquidar los impuestos correspondientes a sus fincas, debían abonar un impuesto especial adicional, y por si fuera poco, una cierta cantidad de oro cuando llegaba al poder un emperador. Luego, cada lustro, debían volver a pasar por caja. Estas cargas, sobre todo en periodos de mucha agitación política, suponían cantidades nada despreciables.

Entre los impuestos especiales del imperio tardío destaca el chrysargyrum, que repercutía sobre el capital invertido en una empresa. Su destino era la organización de festejos con marchamo imperial y también realizar donativos al Ejército, máximo beneficiario tras la demostración de que era esa institución a quien en múltiples ocasiones correspondía decidir quién llegaba hasta el trono imperial. Tan fuerte apretaba la Hacienda romana que Libanios llega a hablar de la necesidad de algunos ciudadanos de esclavizar o incluso prostituir a sus vástagos para poder abonar las deudas con el erario público.

Entonces y ahora, la función del Estado ha de ser velar por que el mercado no cometa desmanes. Tratar de sustituir el mercado por el control estatal conduce habitualmente al anquilosamiento. Como he señalado en otros lugares, a la hora de explicar la decadencia del Imperio Occidental, C. Barbagallo y W. D. Gray apuntaron a los gastos excesivos del Estado. Leopold marcaba la principal causa en el intervencionismo estatal que arruinó la iniciativa privada. Muy ligada flota la opinión de Boak, que señaló la excesiva carga fiscal para mantener estructuras que eran ya caducas. El tema, ni entonces ni ahora, está resuelto. La búsqueda del correcto equilibrio entre libertad y planificación sigue pendiente.

Javier Fernández Aguado. Socio director de MindValue