Todo pendiente tras dos años de crisis
En abril hay un aniversario. La recesión cumple dos años. La economía española entró técnicamente en estado recesivo el segundo trimestre de 2008 cuando el PIB se quedó plano. Y, desde entonces, los registros contabilizados por el INE han sido siempre negativos. No es para celebrarlo. Los expertos dudan a la hora de considerar cuándo se puede afirmar que una economía está en recesión. El consenso exige dos trimestres seguidos. En esta crisis, la economía española ha sumado 24 meses en negativo. Sin embargo, las expectativas parecen mejorar, entre enero y marzo el PIB ha dado señales de recuperación y se espera que vuelva al signo positivo.
No obstante, la cuestión no estriba entre una décima arriba o abajo. Puede que la economía abandone la recesión técnicamente, pero seguirá en crisis hasta que no reanude la creación de empleo. Muchos expertos ya han vaticinado que la recuperación llevará bastante tiempo, y a la caída le seguirá un periodo de crecimiento prácticamente plano. El propio secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, descarta que se alcance el 2% de incremento del PIB antes de 2012. Y esto imposibilita, al menos teóricamente, la creación de empleo, porque la economía española precisa de esa tasa de crecimiento como mínimo para generar puestos de trabajo.
Todo indica que, tras dos largos años, la crisis española no goza de buena salud. Por eso llama más la atención que otras economías sí sean capaces de crear y conservar empleos con crecimientos menores. Evidentemente, sus modelos productivos son más eficientes. Sin embargo, a pesar de ser una penitencia reconocida, los diferentes Gobiernos han sido incapaces de tomar las medidas necesarias para fomentar un marco definitivo que potencie la competitividad de la economía y las empresas. Y esto es menos disculpable tras dos años de dura recesión. Ciertamente, las reformas no crean empleo, pero coadyuvarán a crearlo cuando la recuperación se consolide.
Varias son las asignaturas en las que suspende la economía española y, a pesar de ello, siguen sin solución. A la cabeza están los problemas del mercado laboral, como la semana pasada se han encargado de volver a recordar el BCE y el FMI. El borrador del documento elaborado por el Gobierno para una nueva ronda negociadora de la reforma laboral con los agentes sociales contiene elementos esperanzadores, pero tras dos años de dura recesión y más de dos millones de nuevos parados no es suficiente e incumple las expectativas. Los interlocutores sociales, y el Gobierno, ya no pueden zafarse de problemas nucleares que generan ineficiencias, como el coste del despido -y, por tanto, las modalidades de contratación- o la introducción de flexibilidad en la organización de las empresas modificando la actual estructura de negociación colectiva. Contratación y despido son claves para terminar con una perniciosa dualidad entre empleados fijos y temporales que, además de injusta e insolidaria, está mermando la competitividad de unas empresas reticentes a invertir en formación, lo que impide aumentar la productividad en sus procesos. Es preciso igualmente que se empiece a replantear el sentido que tiene que sea la Administración la que tenga la última palabra en la aprobación o denegación de las regulaciones de empleo.
El tiempo apremia. Sólo será factible esperar algo más si con ello se consigue una reforma de calado que garantice cambios tan profundos como pacíficos en las relaciones laborales. El Gobierno debe exigir este compromiso de sindicatos y empresarios y, si no es capaz de lograrlo, su obligación es publicar en el BOE una legislación laboral moderna, equiparable a la europea.
La otra gran reforma urgente es la del sector financiero. La sequía de crédito es un freno a la recuperación del consumo, primero, y la inversión, después. La decisión de que el ICO asuma el papel de prestamista directamente es una medida que urge poner en marcha. Sin embargo, no deja de ser un parche. La iniciativa pública no puede sustituir a la privada por mucho tiempo. La demora en la reforma de las cajas de ahorros es otra rémora que también lastra notablemente la recuperación.