El vuelo limitado de la reforma laboral
El documento elaborado por el Gobierno con las propuestas para reformar determinados aspectos de la legislación laboral no ha cumplido las expectativas generadas. Además, no ha encontrado el soporte anímico que precisaba de sus interlocutores para convertirse en una base de negociación suficiente como para ejecutar la reforma laboral que España necesita. Los sindicatos han entendido que se reduce la indemnización por despido por el simple hecho de proponer una generalización del contrato de fomento de empleo con despido de 33 días por año. Parecen olvidar que fueron ellos los que, en 1997 y con una situación ni por asomo de la gravedad de la actual en materia de desempleo, firmaron la reducción del coste del despido de 45 a 33 días por año para determinados colectivos de temporales que se convirtiesen en fijos o para los parados que fuesen contratados.
Los empresarios han encontrado el agravio en lo contrario: no hay reducción alguna del coste de la indemnización, sino un traslado a las cargas sociales, puesto que una parte sería soportada por el Estado de forma excepcional para todas las empresas, como ahora lo hace para las de menos de 25 trabajadores el Fogasa. Echan también en falta una reducción de las cotizaciones, o fórmulas para afrontar cuestiones de discutible importancia ahora, como el control del absentismo laboral. En el mejor de los casos, patronal y sindicatos han estimado que precisan de más tiempo para analizar el documento, y consideran que el índice de materias debe ampliarse. No queda, en todo caso, mucho tiempo para hablar por hablar: si en un periodo razonablemente corto no hay acuerdo, el Gobierno, esta vez sí, tiene que tomar decisiones; mucha gente, cada vez más, depende de ellas.
Nadie debe hacerse la alegre composición de que la reforma laboral, por intensa que sea, creará empleo al día siguiente y dará la vuelta a la anomalía que supone tener una tasa de paro en el 20% de los activos. No será así. Pero la reforma es muy necesaria para que cuando la economía se estabilice, contribuya, junto con otras cuantas reformas y medidas económicas, a ensanchar el crecimiento potencial y recuperar lo antes posible los niveles de riqueza y distribución de 2006.
Pero tampoco debe llamarse nadie a engaño de que el núcleo duro de la reforma está en la propuesta limitada del Gobierno. Sólo en parte el documento roza el asunto capital, el coste del despido, cuando proponiendo que una parte la pague el Estado está admitiendo que es caro para las empresas. Pero apuntando al problema, se limita a crear una especie de subvención a las rescisiones, así como a insinuar la posibilidad de importar un andamiaje revolucionario, el sistema austriaco, para que no sea el coste asociado a la antigüedad una rémora para la movilidad de los trabajadores. Y todo ello para esquivar el nudo gordiano, en un empeño único de preservar los derechos de los trabajadores más proteccionistas de toda Europa. Mantener el estatus de la contratación y los despidos contribuye de forma determinante a condenar a las empresas a abusar de la contratación temporal, donde tan víctimas son los trabajadores que encadenan largos años de precariedad y expectativa vital roma, como un sistema productivo que desincentiva la formación y el compromiso de parte de las plantillas con el proyecto corporativo.
El objetivo único de la reforma es crear empleo y que sea de calidad, eliminando la estratificación discriminatoria en los despidos y en los contratos. El mercado laboral no puede crear clases sociales. El modelo franquista-proteccionista ha derivado en esta parcelación endemoniada del trabajo en España porque los sindicatos se resisten a enterrarlo. Pero hay que hacerlo algún día. El uso de un solo contrato indefinido, en el que la indemnización esté baremada en una escala de días por año en función del tiempo trabajado, tal como han propuesto varias instituciones -ayer, el FMI-, es la fórmula más neutra e imaginativa de las expuestas. No la descarten.
Además, una reforma decidida de la negociación colectiva, en la que no deberían decidir sólo patronales y sindicatos, es precisa para que las empresas puedan ajustar las condiciones laborales a sus características productivas y financieras, y para que puedan libremente remunerar a los trabajadores en función de su desempeño.