Por una reforma laboral negociada
El mercado de trabajo español ha creado empleo de una manera tan intensa que nos parecía imposible después de haberlo visto moverse por debajo de la barrera de los 12 millones de ocupados desde los años setenta y después de haber alcanzado a principios de los ochenta y de los noventa las tasas de paro más altas de los países de la OCDE. Pero este crecimiento del empleo, articulado sobre la desmesura del sector de la construcción, su arrastre sobre el resto de la economía y la facilidad de la contratación temporal, ha comenzado a desaparecer velozmente cuando han llegado los malos tiempos.
El momento que vive nuestro mercado de trabajo sólo puede ser calificado como grave. No sólo por las terribles cifras de disminución del empleo y aumento del paro que hemos llegado a alcanzar. No podemos permitirnos un mercado de trabajo en el que es tan fácil deshacerse de los trabajadores, en el que la inmensa mayoría de despidos se tramitan como improcedentes (con una indemnización que más que dobla la de procedencia), en el que hay tantas desigualdades entre distintos colectivos de trabajadores (visualizadas a través del tipo de contrato, temporal o indefinido), en el que la negociación colectiva abarca tanto (a todas las empresas y a todos los trabajadores) y al mismo tiempo tan poco (salario y jornada son lo que de verdad contiene un convenio), en el que la cifra de trabajadores de los servicios públicos de empleo por parado es una de las más bajas de Europa, en el que hay un sistema de despidos colectivos que se usa mejor en las expansiones que en las recesiones, en el que el contrato temporal ha copado todos los espacios de flexibilidad dificultando fórmulas de flexibilidad interna y relegando a la anécdota el empleo a tiempo parcial.
Todos estos problemas nos colocan en la tesitura de diseñar cambios de gran hondura, para que las empresas creen empleo y para que la mejora de las empresas no se consiga incrementando la inseguridad de los trabajadores. Los teóricos constitucionalistas nos enseñan con toda la fuerza del sentido común que para que las normas básicas que informan todo el resto de leyes sirvan durante largo tiempo a la sociedad debe existir un acuerdo generalizado sobre la bondad de esas normas básicas. La negociación y el acuerdo es el camino para conseguir el máximo de legitimidad y la estabilidad deseable de las normas básicas de funcionamiento social. Este razonamiento se aplica a las constituciones políticas, pero es válido para todo conjunto básico de reglas legales. También para las leyes que dan forma y sostienen el mercado de trabajo.
Por eso los agentes sociales deben negociar -con la voluntad firme de llegar a acuerdos- sobre unos nuevos fundamentos básicos del mercado de trabajo español. Deben atreverse a hablar de todos los temas candentes. Pero es importante que negocien a tres bandas, con el gobierno hablando como una parte más, no como un mero gestor de la agenda y facilitador de acuerdos. Hay mucho más que hacer por parte del Gobierno que impulsar las conversaciones y poner negro sobre blanco el acuerdo final. El Gobierno tiene que hablar por aquellos que no tienen empleo y por los que en el futuro se integrarán en el mercado de trabajo y por los empresarios que en el futuro no deberían encontrarse condiciones hostiles para crear riqueza y empleo. El Gobierno no puede limitarse a decir qué sucederá si las partes no llegan a un acuerdo. Ese mismo anuncio puede dificultar el acuerdo, pues si el contenido de ese anuncio está cerca de la posición de una de las partes, para esa parte el desacuerdo se convertirá en un resultado apetecible, otorgándole un poder suplementario y malogrando el desarrollo de la negociación. Finalmente, el Gobierno también tiene el papel de poner encima de la mesa la solución de cuestiones paralelas (incluso previas) sin las que cualquier reforma laboral sería insuficiente: una reforma del sistema financiero (que ya acumula un retraso considerable) que consiga la restauración y extensión de los canales de crédito a las empresas; y una política industrial y comercial que, dentro de las reglas de juego de la Unión Europea, cree un contexto favorable para la creación de nuevas empresas y potencie la renovación de sectores clave como el turístico.
Es necesario que empresarios, sindicatos y Gobierno lleguen a un pacto amplio y ambicioso. Un acuerdo que dé lugar a unos nuevos fundamentos de las relaciones laborales que sean percibidos como justos y legítimos por todos para que nos sirvan durante largo tiempo. Un acuerdo que reparta los costes actuales de la recesión y del cual todos puedan obtener beneficios en el futuro: las empresas nuevas formas de flexibilidad para competir y los trabajadores que esas formas de flexibilidad no sean dañinas para su bienestar y para sus vidas laborales a largo plazo. Nuestra propuesta entera será publicada en breve en la revista Relaciones Laborales
Miguel Ángel Malo /José I. Pérez Infante / Carlos García Serrano. Profesores de las Universidades de Salamanca, Carlos III de Madrid y Alcalá de Henares, respectivamente