Hacia un nuevo marco regulatorio en la banca
En los últimos dos años, mucho se ha hablado de las causas que originaron la crisis financiera internacional. Sus consecuencias son también conocidas y supusieron la quiebra de numerosas entidades, haciendo necesaria la intervención de los Gobiernos a través de inyecciones de liquidez, de capital y de la aportación de garantías.
Evitar que una situación similar se repita en el futuro está en la mente de todos, supervisores, Gobiernos, inversores y ciudadanos en general. En este sentido, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha preparado un paquete de propuestas destinadas a reforzar el capital y la liquidez de los bancos. Tales documentos no tienen fuerza legal, sino carácter de guía o recomendación.
Si de todas las crisis se aprende, ésta última ha puesto de manifiesto la importancia de la liquidez y de los recursos propios en la gestión de las entidades financieras. Aunque ambos aspectos eran de sobra conocidos, muchos bancos los ignoraron, asumiendo riesgos excesivos en las épocas de auge económico, que con el cambio de coyuntura, se transformaron en abultadas pérdidas. Simultáneamente, quedó en evidencia que el capital mantenido era insuficiente o inadecuado para los niveles de riesgo asumido.
En este contexto, no es de extrañar que las propuestas de cambios articuladas por los organismos internacionales para garantizar un sector financiero más robusto apunten a incrementar la cantidad y calidad del capital exigido a las entidades, la exigencia de un determinado nivel de liquidez, el establecimiento de unos niveles máximos de endeudamiento, unos mayores requerimientos de capital para el riesgo de crédito de contrapartida y la prociclicidad del ratio de Basilea II.
La importancia y necesidad de regular los recursos propios de las entidades financieras es, hoy por hoy, incuestionable. De igual modo, es ampliamente aceptada su capacidad para absorber las pérdidas no anticipadas, o sea, aquellas que, por no ser previsibles, no están cubiertas por los beneficios corrientes.
Sin embargo, el reconocimiento como capital de un número creciente de instrumentos híbridos y de deuda que, en algunos casos, han llegado a suponer más de la mitad de los recursos propios computables, aconseja diferenciar la calidad de los mismos y homogeneizar su composición. También ha de reflexionarse sobre cómo calcular la cantidad de recursos propios necesarios para el ejercicio de la actividad bancaria.
Otra de las lecciones importantes extraídas de la crisis es que la falta de liquidez suele ser la causa inmediata de los problemas que abocan a cualquier entidad hacia la quiebra. De ahí, la preocupación por medir y gestionar este tipo de riesgo. Entre los expertos es unánime la opinión de que una de las debilidades del sector bancario internacional ha sido la de financiar el crecimiento económico con un elevado apalancamiento. Un ratio que relacione los recursos propios mínimos con los activos totales (leverage ratio) debe ser calculado como complementario al ratio que utiliza los activos ponderados.
El reconocimiento de que el Marco de Basilea II es insuficiente para cubrir ciertos riesgos inherentes a la actividad bancaria sugiere también cambios en la regulación, siempre y cuando contribuyan a captar y calibrar mejor el perfil de riesgo de una entidad, de las actividades que ésta realiza y de los instrumentos que negocia.
Por último, la prociclicidad del ratio de Basilea II y sus repercusiones sobre la oferta crediticia en los momentos bajos del ciclo económico exige la propuesta de soluciones que eviten dicho sesgo y permitan acumular más capital en los buenos tiempos, para utilizarlo durante los malos. Si bien todas estas posibles medidas apuntan un escenario de más y mejor capital, su aceptación debe subordinarse a un análisis económico, a nivel de cada entidad, así como a un estudio sobre su potencial impacto sobre el mapa bancario.
Cualquier cambio regulatorio que suponga un coste superior al beneficio que genera no es aceptable. Por otra parte, ha de rechazarse toda la regulación que distorsione las reglas de competitividad del sector, tanto a nivel nacional como internacional. De ahí que todas las medidas propuestas deban ser adecuadas al modelo de negocio y a las peculiaridades de la actividad financiera y han de ser aceptadas por el mayor número posible de reguladores, inversores y emisores.
Si bien un cambio regulatorio es necesario para corregir ciertas deficiencias que la crisis ha puesto de manifiesto, no menos importante parece ser la supervisión. Lo fundamental no es tanto cambiar la regulación, sino mejorarla y asegurar su aplicación. Hemos de evitar caer en una dinámica donde, como dice el refrán, "los árboles no nos dejen ver el bosque".
Altina Sebastián González / Sergio R. Torassa. Socios de Diagnóstico & Soluciones