Londres quiere convertirse en la capital del talento legal extranjero
Expertos en inmigración y grandes firmas piden facilidades para fichar a abogados de países emergentes
Desde el pasado mes de febrero todos los trabajadores de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo que llegan a Gran Bretaña deben cumplir unos requisitos mínimos para poder acceder al mercado de trabajo. La ex ministra del Interior Jacqui Smith impuso a principios de 2009 esas restricciones con el objetivo de primar el acceso de los trabajadores británicos al empleo y de elevar el estándar profesional de los inmigrantes acogidos en el país. "Espero que el número de emigrantes que llega a Reino Unido desde fuera del Espacio Económico Europeo descienda durante el año que viene", señalaba Smith entonces.
Menos de un año después, el Comité Asesor de Migración (MAC), un organismo independiente que asesora al Gobierno británico, ha pedido que se eliminen esos requisitos para los numerosos abogados extranjeros que llegan al mercado laboral británico. Según Robert Heslett, presidente de la Law Society (colegio que agrupa a los solicitor de Inglaterra y Gales), organismo que se ha sumado a la petición del MAC, "la propuesta del MAC refleja la importancia de que se abran las puertas a los profesionales de alta cualificación para que trabajen en las firmas legales británicas y puedan realizar una valiosa aportación a nuestra economía".
La eliminación de los requisitos a los abogados no comunitarios se traduce en acabar con la exigencia de que cuenten con un master degree en su currículo, de modo que sea suficiente con acreditar su título de licenciado u otra cualificación profesional similar, y en establecer la exención de cualquier tipo de acreditación profesional para aquellos que cuenten con un salario superior a 167.000 euros.
El diagnóstico del MAC es muy claro: "cualquier restricción arbitraria a la inmigración contradice la afirmación de que Gran Bretaña es el mejor lugar para salir con éxito de la recesión". La medida, entre otros objetivos, persigue atraer a Gran Bretaña el creciente talento legal de países emergentes como China o India, donde muchas de las grandes firmas internacionales externalizan ya parte de su trabajo legal.
Un elevado beneficio
El informe elaborado por el MAC recoge el sentir, según publica la publicación legal Law Society Gazette, "de firmas de la City londinense, como Allen & Overy, Clifford Chance, CMS Cameron McKenna, Freshfields Bruckhaus Deringer, Kingsley Napley, Linklaters, Norton Rose, Slaughter and May, Speechly Bircham and Taylor Wessing, así como de otras organizaciones profesionales y de negocio". La propia Law Society, señala la publicación, presentó una petición formal sobre este asunto al MAC.
El argumento de la asociación es que, teniendo en cuenta que los master degrees "no son habituales en el sector legal", la exigencia de que los trabajadores cualificados acrediten uno, "excluye a muchos abogados altamente especializados, cuyo potencial podría generar un elevado beneficio para el Reino Unido".
La externalización en China e India
El interés de las grandes firmas británicas en que se eliminen cortapisas para la llegada de abogados de países no comunitarios a Gran Bretaña está muy relacionado con el enorme potencial que naciones como China e India tienen para el mercado legal europeo y estadounidense.Firmas de la talla de Clifford Chance, que cuenta con un equipo de 21 abogados en India supervisado por letrados anglosajones, han externalizado parte de sus servicios en terceros países, normalmente circunscritos a la revisión de la documentación larga y prolija que rodea las grandes operaciones en el área bancaria, financiera y de mercado de valores para detectar posibles errores en la forma o en los datos, así como a la revisión de documentación de due dilligence que lleva a cabo el bufete.La excelente preparación de muchos de estos profesionales hace que muchas de las firmas tengan interés en que trabajen en las oficinas en Gran Bretaña, por lo que están a favor de que se eliminen los requisitos impuestos el pasado febrero por el Gobierno.
La cifra
167.000 euros es el sueldo a partir del cual el MAC reclama que se exima a los abogados extranjeros de acreditar titulación profesional en Gran Bretaña.