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Tribuna
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A propósito de las fusiones entre cajas

Joaquin Maudos

Las crisis financieras y los cambios regulatorios suelen ser el caldo de cultivo en el que nacen los procesos de fusión bancarios como una necesidad para adaptarse al nuevo entorno competitivo. Y es en este contexto, de crisis y de un entorno macroeconómico de menor crecimiento, donde deben ser interpretadas las fusiones planteadas en las cajas de ahorros españolas.

Las fusiones bancarias tienen ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, destaca la oportunidad que brindan para mejorar la gestión, reducir costes aprovechando las economías de escala, incrementar la eficiencia y productividad, y mejorar la diversificación con la consiguiente reducción del riesgo. Y como principales inconvenientes, el posible aumento de poder de mercado al aumentar la concentración del negocio en un menor número de competidores, las dificultades para compaginar las diferentes culturas empresariales, sistemas informáticos, etcétera.

Las fusiones bancarias deben plantearse como un mecanismo para resolver los problemas existentes (exceso de capacidad, elevada morosidad, alta concentración del riesgo de crédito en el ladrillo, insuficiencia de recursos propios, etcétera) y no como un fin en sí mismo. ¿Qué sentido tiene proponer fusiones entre cajas de una misma comunidad autónoma cuando comparten los mismos problemas en términos de morosidad, solvencia, concentración del riesgo, etcétera? Crecer por crecer no puede ni debe ser el objetivo de una fusión si no se consigue resolver los problemas de las entidades involucradas. Además, la probabilidad de que aumente la competencia será menor si las fusiones son entre cajas de una misma región.

En este momento, de las diversas fusiones entre cajas que hay sobre la mesa, la gran mayoría son entre cajas de una misma comunidad autónoma. Y da la casualidad de que la ya aprobada ha sido capitaneada por el Banco de España con objeto de rescatar a Caja Castilla La Mancha (absorbida por Cajastur) tras su intervención a finales del pasado marzo. Del resto, todas las propuestas persiguen un crecimiento endogámico dentro de las fronteras regionales y con objeto de perpetuar los intereses del partido político de turno creando cajas regionales de mayor tamaño.

Resulta paradójico que en un mundo cada vez más globalizado y de creciente integración financiera, las autoridades europeas destaquen la importancia de las fusiones bancarias transfronterizas (por sus efectos beneficiosos sobre la competencia) y que, por el contrario, en España las fusiones entre cajas que se plantean no sean interregionales, sino más bien locales. A la vista de las fusiones propuestas, lo mejor sería que fuera el Banco de España el que propusiera los matrimonios de conveniencia, si bien mucho me temo que el veto de las comunidades autónomas impidiera consumar el matrimonio.

En los más de 150 años de existencia de las cajas de ahorros, sus peculiaridades institucionales no les han impedido competir con éxito en los mercados, como así demuestra su importante ganancia de cuota de mercado. Por tanto, los problemas actuales de algunas cajas (es importante no generalizar, ya que hay cajas y cajas) no proceden de su forma jurídica sino más bien de la falta de diligencia en su gestión. No obstante, si bien la naturaleza de las cajas sigue siendo válida para afrontar los retos de la crisis, sería un error no aprovechar la actual coyuntura para proponer reformas encaminadas a fortalecer las cajas como la reducción del poder en manos de los partidos políticos (actualmente en un máximo del 50%) para asegurar la independencia y excelencia en la gestión. No tiene sentido que no se acometan fusiones interregionales por culpa del poder de veto de los Gobiernos regionales, ni que los partidos políticos interfieran en la gestión profesional de las cajas.

Además de generar competencia, el éxito del modelo de cajas debe ser evaluado por el grado de cumplimiento de los objetivos que se les presupone: fomentar el ahorro y el acceso al crédito de los grupos económicamente menos favorecidos, evitar la exclusión financiera, realizar obras de carácter benéfico-social, y fomentar el desarrollo regional. Si bien en los tres primeros casos no creo que haya dudas respecto de su grado de cumplimiento, es en el último donde más peligros existen de utilizar las cajas con fines partidistas sin una adecuada valoración del riesgo-rentabilidad de las inversiones regionales.

Joaquín Maudos. Investigador del IVIE y profesor de la Universidad de Valencia

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