El nuevo analfabetismo del siglo XXI
Cortar el acceso a internet sin que sea necesaria la intervención de un juez. Esto es lo que pretenden algunas instituciones, públicas y privadas, de diferentes países europeos con el objetivo de eliminar el intercambio de contenidos, que consideran ilegales, a través de internet.
España es uno de los países, junto a Francia y Reino Unido, que más avanzados tiene los planes para establecer medidas intervencionistas, que incluyen la reducción de la velocidad, el espionaje de las redes y la desconexión en el caso de cometer delitos contra la propiedad intelectual. Redtel, representante de las compañías de acceso a internet y la SGAE, Sociedad General de Autores, ya tienen un acuerdo en este sentido.
En Francia, la polémica ley antipiratería ha sido recientemente aprobada en la Asamblea Nacional, aunque el nuevo texto todavía debe ser examinado por una comisión parlamentaria mixta y sometido a un voto final en el Parlamento, en principio programado para la próxima semana. Por tanto, parece haber superado la importante cantidad de enmiendas que interpuso la oposición, socialista, por cierto, algo que no era de extrañar, teniendo en cuenta que el texto incluía en sus comienzos la posibilidad de vigilar incluso los correos electrónicos de los usuarios.
En Reino Unido los acontecimientos se han precipitado ante los datos que corroboran que, en la actualidad, más de siete millones de personas intercambian contenidos con copyright en el país británico de forma habitual, de manera que el Gobierno se ha puesto manos a la obra. La diferencia, en este caso, es que incluso algunos autores han mostrado su disconformidad con la idea de limitar el acceso a internet.
Pero, a pesar de que España, Francia o Reino Unido están intentando sacar adelante este tipo de legislación, la realidad es que el Parlamento Europeo ya aprobó, con el 90% de los votos, un informe que rechaza que los Gobiernos europeos puedan denegar el acceso a Internet como sanción a los consumidores que realicen descargas. Acción que es calificada como "el nuevo analfabetismo del Siglo XXI" por la propia Cámara continental.
Por tanto, las medidas que pretenden imponerse en España, Francia o Reino Unido son propuestas que nacen desde un absoluto analfabetismo, según los organismos de gobierno europeos. Más aún si tenemos en cuenta que, a pesar de lo que puedan decidir cada uno de estos países, todo parece indicar que Europa no legislará a favor de cortar el acceso a internet, como corrobora el informe anteriormente mencionado.
De no ser así estaríamos ante la primera vez que el Estado decide cuándo, cómo y a quién se corta internet, todo ello sin un control judicial previo, lo que atentaría con otro tipo de derechos más fundamentales, si cabe, que el de limitar a una persona el acceso a la información que proporciona la web.
Arjan Sundardas. Profesor del IE Business School