Una vieja asignatura pendiente
Fracasada la concertación tripartita el pasado 24 de julio, los líderes de CC OO y UGT han planteado a la CEOE mantener el debate en torno a los convenios colectivos. A fin y a la postre, ése es un terreno doméstico, en el que ambas partes, sindicatos y patronal, se mueven como peces en el agua. Ya no se trataría de modificar la ley laboral y afrontar grandes reformas que intranquilizan a los sindicatos, sino que, por el contrario, ambos contendientes deberían ceñir su disputa a los convenios colectivos que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y empresarios. Los sindicatos piden a la patronal que desbloquee los convenios colectivos pendientes.
Incluso CC OO ha sugerido un acuerdo a tres años vista, con cláusula de garantía que asegure, al término de dicho periodo, la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores en relación con el IPC real. No es mala propuesta para empezar a hablar.
Sin embargo, la CEOE sabe que el problema actual no está circunscrito a los salarios sino a la resolución, lo antes posible, de las numerosas rigideces convertidas en grandes obstáculos, que dificultan y, en ocasiones, impiden el normal funcionamiento de las empresas. Resulta novedoso el convenio colectivo de grandes almacenes, firmado el 6 de agosto.
El debate próximo promete ser sugestivo y tiene porvenir si ambas partes reculan de sus objetivos máximos y se aprestan a administrar la realidad más próxima.
En 2001, fracasó el intento de reforma de la negociación colectiva y a partir de 2002, sindicatos y patronales pactaron ANC, o acuerdos para ahormar la negociación colectiva de cada año hasta el pasado 2008. Pero tales acuerdos se encontraban limitados por los imperativos legales y por la naturaleza recomendaticia de buena parte de sus prescripciones.
Algunos centros de opinión han venido insistiendo, año tras año, en la necesidad de flexibilizar la negociación de los convenios colectivos para permitir una mayor libertad y discrecionalidad por parte de los negociadores en el ámbito inferior, es decir, empresas y trabajadores.
Es bueno recordar que el 85% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y, aunque los convenios de empresa son las tres cuartas partes del total afectan sólo al 0,3% de las empresas y algo más del 10% de los trabajadores afectados por la negociación colectiva. Nuestros convenios colectivos son, predominantemente, provinciales y sectoriales (54,6%) y nacionales (28%), pero la rara avis, con respecto a las estructuras comparadas con otros países europeos, lo constituye en España la amplia gama de convenios de carácter territorial, provincial y autonómico que se yuxtaponen a los nacionales y reduplican los mismos contenidos en una escala sin fin que habitualmente carece de sentido alguno.
Y sucede esto último en sectores tan característicos como el metal, la hostelería y restauración, los transportes de viajeros, limpieza de edificios y locales, etcétera. Sólo algunos sectores mantienen la estructura negociadora nacional -banca, Bolsa, ahorro, papel y artes gráficas - o han transformado las estructuras heredadas del franquismo para concertar ámbitos de negociación en uno solo que afecta al mercado español, tales como: el sector químico, droguerías y perfumerías, editores de diarios o la construcción, aunque este último negocia condiciones nacionales que implementa en los convenios provinciales pero manteniendo la estructura operativa de éstos.
Cuando los agentes sociales decidieron reformar los convenios colectivos en realidad querían simplificar su estructura y ello hería muchísimos intereses creados.
Para los estudiosos del Banco de España, los convenios son inflacionarios y la concurrencia entre ellos es artificial, se contagian entre sí las malas prácticas y es un milagro que la conflictividad no sea mayor.
De otra parte, para el empresario es una anomalía que los convenios colectivos no puedan morir y que modificar su contenido resulte una tarea imposible. Tal argumentario resulta excesivo, pero sí es obvio que la regulación convencional española resulta rígida, y no favorece la flexibilidad y, en ocasiones es un obstáculo al necesario compromiso entre los representantes de los sindicatos y patronales porque los cambios chocan irremediablemente con lo dispuesto en la ley.
Tiene pleno sentido que las organizaciones sindicales y patronales afronten el reto de aprobar esta vieja asignatura pendiente y que lo hagan en el contexto de la cultura de la concertación social que no debiéramos perder, en beneficio de todos.
Fabián Márquez. Asesor de la CEOE