Los ingresos crecen con las rentas del trabajo
Comprometido el gasto social, sabíamos que en esta ocasión el aumento de los ingresos públicos marcaría la agenda del Gobierno. Hubo dudas y contradicciones. Unos ministros subían los impuestos que otros bajaban. Y cuando tenían razón -por ejemplo, garantizando partidas destinadas a cubrir alguna de las demandas de los sectores más golpeados por la crisis-, su pedagogía hacia la ciudadanía era manifiestamente mejorable. El Gobierno, pues, transitaba de la reflexión a la decisión demostrando una conducta errática, poco ambiciosa y excesivamente sensible a las presiones de las proclamas ultraliberales: menos impuestos, menos políticas públicas y más iniciativa privada.
CC OO lo ha repetido hasta la saciedad. Las medidas posibles, tanto a corto como a largo plazo, se nos antojan limitadas, al no ser posible introducir una reforma del sistema tributario o resignarse a no esperar resultados de la lucha contra el fraude fiscal. En todo caso, la experiencia demuestra que se puede mantener la tasa de ahorro (traspaso del capital privado al público) y disponer de parte de las ventajas comparadas del multiplicador del gasto público.
Por otra parte, conviene recordar que la capacidad de actuación de los PGE 2010 se limita a menos del 50% de la iniciativa pública, dado el papel relevante asignado a comunidades autónomas (36,8% del gasto público) y corporaciones locales (15,4%). Una función reafirmada en los PGE 2010 con una transferencia de recursos bastante superior, incluso, a la que le correspondería con la aplicación de los sistemas de financiación vigentes.
Así las cosas, el Gobierno no hizo un especial esfuerzo de imaginación. Las propuestas de modificación de tributos que ha llevado al Parlamento recaen en mayor medida sobre las rentas del trabajo en general, y de las personas con rentas más bajas en particular (desaparición de la deducción en cuota de 400 euros en el IRPF y aumento de los tipos de gravamen del IVA, lo que supone entre 12.000 y 13.000 millones de euros al año). La única medida con repercusión cierta sobre las rentas más elevadas es el incremento del tipo único sobre las rentas del capital en el IRPF, que aporta únicamente una pequeña parte del aumento de la recaudación por la subida de impuestos (difícilmente llegará a 700 millones de euros al año). Asimismo, no parece una decisión acertada rebajar en cinco puntos el tipo de gravamen en el impuesto de sociedades a cambio de crear o mantener empleo, conocida la dificultad de la falta de recursos humanos para hacer cumplir tan cuestionable promesa.
A falta de un análisis más detallado de los PGE 2010 -que CC OO realiza cada año- es obligado advertir, no obstante, que las políticas de gasto cumplen, en líneas generales, el objetivo de protección a las personas con mayores necesidades sociales y de estabilización de la demanda, mediante los programas de prestaciones económicas al desempleo, pensiones y remuneración de los empleados públicos en un marco plurianual. La cobertura es inferior en el capítulo de servicios sociales y protección a la familia, en especial de los hijos a cargo.
Igualmente, las cifras del Presupuesto conocidas de ingresos y gastos en el contexto de la recesión previsto para el próximo año genera dudas sobre la posibilidad de alcanzar el objetivo de déficit de las cuentas públicas en 2010 expresado por el Gobierno (8,5% del PIB) y por ello, cabe prever que se produzca un excesivo uso del capítulo de activos financieros para conseguir excluir una parte de los gastos del cálculo del déficit anual.
En definitiva, estamos ante un proyecto de Presupuesto poco ambicioso en las políticas activas de empleo, con especial consideración en las de orientación y ayuda a la búsqueda de empleo a las personas sin trabajo. Tampoco se ha aprovechado la coyuntura para cambiar las políticas públicas de vivienda en la dirección de mejorar el acceso y reducir el elevado esfuerzo exigido a los ciudadanos, con una apuesta decidida de apoyo al alquiler. El futuro debería estar presidido por la desaparición en la sociedad española de esa sensación generalizada de impunidad que disfruta una parte de la población, que ante el escaso riesgo asumido se jacta de su escasa aportación a la Hacienda pública, con la consiguiente deslegitimación de lo público entre quienes cumplen con sus obligaciones.
Fernando Lezcano. Secretario Confederal de Comunicación y portavoz de CC OO