Un acuerdo es posible
En la solución a las crisis económicas por las que pasó España durante la transición política tuvieron un papel relevante los diversos acuerdos a los que llegaron los agentes sociales de la UCD y del PSOE.
El Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), aprobado en tiempos de Suárez, enero de 1980, con un crecimiento cero del PIB y renovado en febrero del 81 con Calvo Sotelo de presidente. Después, en junio de 1981, se aprobó el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE) cuando el PIB empezaba a remontar del -0,2% del año anterior. En febrero de 1983, siendo presidente del Gobierno Felipe González, se firmó el Acuerdo Interconfederal (AI) y dos años después, ya en una fase de recuperación económica, el Acuerdo Económico Social (AES) que, entre otras cosas, fijaba unos topes a los salarios para los años 1985 y 1986.
Conviene recordar estos éxitos del diálogo social para preguntarnos qué es lo que ocurre en la actualidad para que el presidente del Gobierno haya tenido que dar por rotas las negociaciones. Un diálogo auténtico exigiría tratar de entender las razones de las partes contrarias para ver hasta dónde pueden llegar las concesiones y dónde estarían justificados sus límites.
Para ello, todos los participantes en la negociación deberían tener como objetivo prioritario recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo, y dejarse de las ideologías que tanto protagonismo están teniendo.
El presidente del Gobierno tendría que convencerse de que la protección social, elemento básico del modelo económico europeo, será insostenible si sigue por el camino que llevará el país a la bancarrota. Y para que funcione la economía tiene que contar con esas empresas que al tiempo que bajan los precios están sufriendo un aumento desorbitado del coste laboral por hora trabajada.
La patronal debería comprender que no se puede arriesgar el futuro de la Seguridad Social con los 17.000 millones que dejarían de ingresarse si se rebajaran los 5 puntos que piden de las cotizaciones sociales. También debería reconocer que, en circunstancias excepcionales como la actual, es de justicia ayudar a los parados sin renta con tal de que no se repitan experiencias como las del PER andaluz y extremeño.
Finalmente, los sindicatos no deberían abusar del apoyo que les presta el Gobierno y mostrar más interés por resolver el problema de los que se quedan sin trabajo. Tendrán que aceptar una reforma laboral, irá más allá del coste del despido para resolver otros problemas como el de las rigideces de los convenios colectivos o la compleja estructura de los contratos.
El acuerdo es, pues, posible si unos y otros se dejan demagogias y subordinan sus intereses particulares al interés común de todos los ciudadanos.
Eugenio M. Recio. Profesor honorario de Esade (Universidad Ramon Llull)