¿Qué modelo de comercio se defiende?
La crisis económica está afectando a multitud de sectores que, debido al parón de la demanda agregada, están viendo cómo se resiente la cuenta de resultados. Ante esta coyuntura, la acción pública coordinada en la mayoría de países está siendo la de inyectar fondos en el sistema crediticio para que éste a su vez lo canalice a los demandantes de crédito. Por otro lado, se han articulado ayudas directas en algunos sectores (especialmente el automóvil) y se han comprometido moratorias fiscales para las empresas y autónomos.
El coste de la crisis, por tanto, se está soportando gracias a las iniciativas públicas, a pesar de algunas voces muy hispánicas que proponen recetas mágicas e incluso se atreven a plasmarlas en libros donde el autobombo bordea el esperpento científico. Estas mejoras, que ya se empiezan a notar tímidamente en los índices opináticos, no son percibidas por todos los sectores por igual, ya que en algunos se une la crisis económica a otros problemas. Uno de éstos es el comercio que tiene ante sí retos decisivos, que en algunos frentes no tienen soluciones fáciles.
Este sector tiene una serie de peculiaridades que conviene explicar. En primer lugar, es unos de los sectores más expuestos al coste regulatorio. Por un lado, se está discutiendo la ley ómnibus que traspone al Directiva de Servicios. Por otro, también está en tramitación la reforma de la Ley de Comercio Minorista. Y por último, en algunos ayuntamientos, ante el caos de la concesión de licencias, se han aprobado ordenanzas que, como en el caso de Madrid, externalizan y privatizan el procedimiento reconociendo el fracaso de la gestión pública. Por otro lado, las obras en algunas zonas también están favoreciendo el desplome del sector, agudizado por la descoordinación administrativa, como es el caso de las obras de la calle Serrano en Madrid.
En este punto, merece la pena destacar que en un momento como éste la regulación administrativa es un lastre que muchos negocios y emprendedores no pueden soportar. La dimensión de muchas de estas empresas no les permite tener departamentos jurídicos que les tramiten todas las cargas administrativas. Adicionalmente, la inseguridad jurídica que soportan les hace navegar en el limbo de la indefensión permanente y al albur de la discrecionalidad de funcionarios que desconocen lo que es, y lo que supone para un país, la actividad empresarial.
Además del coste regulatorio, el urbanismo comercial favorecido por las distintas Administraciones autonómicas, especialmente Madrid bajo el paraguas de un falso liberalismo protector de monopolios espaciales, ha expulsado al comercio de proximidad o de mediano tamaño y ha agudizado la caída del empleo. El urbanismo difuso tiene su máxima expresión en los nuevos desarrollos urbanísticos en la ciudad de Madrid, donde antes que colegios u otras infraestructuras básicas ya se había instalado una gran empresa comercial que ha sufragado algunas de las obras públicas, cercenando cualquier vestigio de competencia. Esto, por cierto, no ha sido motivo de análisis por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Este tipo de urbanismo comercial, además, genera monopolios espaciales de oferta, con la consiguiente colusión en precios y provoca congestión automovilística, con el consiguiente despilfarro energético. La verdadera competencia se produce cuando se evitan los monopolios u oligopolios de facto, que es lo que se está gestando en España, algo que ya ocurrió en Francia y fue corregido por el legislador. Algo deberíamos aprender. Con la legislación en ciernes, que faculta la necesidad de una segunda licencia para casos de atentado contra el medio ambiente, el urbanismo comercial difuso o el patrimonio artístico, se podrán corregir y controlar los intereses espurios de las grandes superficies.
Por último, es importante facilitar alguna salida en materia de moratoria fiscal, algo en lo que la Administración general del Estado está dando un ejemplo de sensibilidad y rigor, pero que otras, como el Ayuntamiento de Madrid, se niega sistemáticamente. También se debería facilitar una línea de ayudas para el pago del alquiler de los locales, para que no hubiese ninguno vacío y que los distritos de las ciudades y los municipios no pierdan el comercio, algo esencial para hacer ciudad. El resto lo tiene que procurar el cambio de algunos gobiernos municipales y autonómicos, y especialmente un cambio en los horarios de trabajo.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid