La CEOE exige al Gobierno una oferta formal antes de encarar el pacto social
La patronal no se pronunciará en firme sobre la firma del pacto social sin antes contar con una oferta por escrito en la que el Gobierno comprometa la cuantía en que rebajará las cotizaciones sociales. Los autónomos, a su vez, reclaman poder percibir la nueva renta dirigida a los parados sin prestación.
El globo sonda lanzado por el Gobierno sobre una hipotética rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, no bastó para convencer ayer a la Junta Directiva de la CEOE. La patronal manifestó en un comunicado que la oferta "no es concreta ni adecuada" y exigió al Ejecutivo que presente una propuesta por escrito en la mesa del diálogo social.
La reunión empresarial quedó dividida ayer. Unos no terminan de creerse que el recorte de las cuotas ascienda a dos puntos (7.000 millones de euros). Después de todo, el primer borrador hablaba de medio punto, y los sindicatos ya han advertido que no firmarán el pacto si incluye una rebaja mayor, que "lleve a déficit a la Seguridad Social". A su vez, el ala dura de la patronal se opuso a claudicar a tan bajo precio y renunciar a su cruzada por los cinco puntos de recorte y la reforma del mercado laboral que abarate el despido.
Ante la disyuntiva, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se comprometió a convocar una nueva Junta Directiva una vez cuente con la propuesta formal de Moncloa, para someterla a la decisión del cónclave.
A la polémica sobre la articulación de una rebaja de las cotizaciones se sumó ayer ATA, una de las principales organizaciones de autónomos. Su presidente, Lorenzo Amor, propuso compensar la rebaja de dos puntos elevando otros tantos el IVA (4.000 millones de euros cada punto). Por último, esta nueva recaudación iría dirigida a las cuentas de la Seguridad Social, en lugar de a la caja única, para evitar el déficit del sistema.
Amor, que advirtió que el acuerdo del diálogo social "puede quedarse en una foto" mientras que "la economía sigue cayendo", reclamó también para los suyos la percepción de la nueva renta dirigida a los parados sin prestación. Argumentó su petición con el acuerdo firmado por Trabajo en la mesa de autónomos en el que, literalmente, "el Gobierno se compromete a que las medidas de protección social asistencial no vinculadas al sistema contributivo que se realicen para los asalariados sean extensibles a los autónomos sin ingresos".
1.200 millones en ayudas
Coincide con estas pretensiones otra de las grandes asociaciones de autónomos, UPTA, cuyo dirigente, Sebastián Reina, matizó que han de establecerse ciertas condiciones. Los beneficiarios deberán estar apuntados en el Inem durante un periodo mínimo y haber causado baja en la Seguridad Social por causas objetivas.
La reivindicación de los autónomos, que UGT ha puesto sobre la mesa del diálogo, podría suponer un coste adicional al pacto. Si los 300.000 parados que obtendrían la renta ligada a formación (420 euros mensuales durante medio año) suman un gasto de 740 millones de euros, añadir los 175.000 autónomos que calcula ATA, elevaría a 1.197 millones el coste total de la medida.
Tanto el asunto de las cotizaciones como la renta para desempleados sin ingresos volverán a ser discutidos en la reunión tripartita de hoy. No obstante, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, apuntó ayer que ambas medidas serían coyunturales. "A partir de 2011 habrá un antes y un después de la crisis", avanzó, por lo que el horizonte temporal de las iniciativas sería limitado. Y eso, teniendo en cuenta que se llegue a alcanzar un pacto.