Los dos pilares de la reforma financiera
Los principales riesgos a los que suelen enfrentarse las reformas regulatorias son quedarse en papel mojado o excederse por caer bajo la ley del péndulo (como le sucedió a la ley Sarbanes-Oxley tras los escándalos de Enron y Worldcom). La reforma financiera emprendida por el equipo de Barack Obama podía haberse beneficiado de su situación temporal privilegiada (al proponerse dentro de un año electoral, que son los más propicios para cambios) pero ha resultado poco ambiciosa, más allá de su título (Reforma Regulatoria Financiera: Nuevos Fundamentos). De todos modos, los caminos hasta la presentación de la propuesta son tortuosos y los intereses creados pueden haber aligerado el corpus de la reforma antes de su presentación.
Más allá de los olvidos preclaros (proponer alguna medida que suponga un mayor control del sistema de incentivos -cortoplacista, falto de ética y determinista- en la intermediación financiera, acometer la regulación de los mercados de productos derivados o enunciar medidas para paliar la situación fuera de la ley de los mercados de CDS, y el resto de OTC) la reforma simplemente anuncia la obligación de incorporar un porcentaje de los productos generados (por ejemplo, en la titulización de pasivos) para compartir riesgos con los clientes, en aras de promover una mayor prudencia y evitar desmanes como los vistos con algunos productos generados para colocar -subprime- a lo largo de los últimos años.
Llama poderosamente la atención que a pesar de su título no se proponga la separación de la banca de inversión y la banca comercial, quizás para evitar rememoraciones históricas agoreras, ni el impulso de mejores medidas prudenciales contracíclicas. Y en cambio, cobra mayor relevancia el papel de la Fed, con mayores atribuciones supervisoras, quedando encargada de la monitorización del riesgo sistémico (labor ardua siendo juez y parte en la reciente generación de la burbuja del dinero fácil).
La situación de los hedge funds se propone mejorar con una mayor exigencia de información al mercado, requerimiento algo difuso que necesita de una descripción más concreta si queremos obtener resultados positivos, y que, según los afectados, puede ir en contra de su propia naturaleza.
La reforma propuesta puede contar con la virtud de haber utilizado como benchmarking la emprendida en el sistema financiero australiano hace diez años con gran éxito, fundamentada en torno a dos grandes pilares: la protección al consumidor y la estabilidad sistémica, articuladas mediante la creación de la Comisión Australiana de Competencia y Atención a los Consumidores y la salvaguarda de la estabilidad sistémica desde la Reserva Federal Australiana (control del sistema de pagos y condiciones monetarias). Sin embargo, supone al menos una gran diferencia con respecto de su modelo de origen, ya que la reforma norteamericana propuesta falla en su intención de ordenar la maraña de instituciones supervisoras, al no agruparlas como en la Autoridad Regulatoria Prudencial Australiana.
La reciente crisis ha mostrado la necesidad de redefinición de conceptos básicos tales como el riesgo de mercado, el riesgo sistémico o la posibilidad de quiebra para determinados activos, por eso parece necesaria una nueva arquitectura global, más allá de la colocación de parches, pero debemos recordar que las reformas regulatorias deben hacerse de forma sigilosa y sin generar pánicos en los actores del mercado, hipersensibles y escarmentados en el contexto actual. El procedimiento puede tener un cierto efecto placebo, y ser tanto o más importante que las medidas.
Y además, requerirá de una mayor coordinación internacional, así como de una regulación macroprudencial, tal y como puso de manifiesto el informe Larosiere. Precisamente por ello, además de mirar con lupa las virtudes y defectos de lo propuesto por la Administración estadounidense también tendremos que valorar las medidas efectuadas desde Bruselas (UE) y Basilea (BIS) de manera que podamos remar en la misma dirección y la canoa gane la carrera.
Isabel Giménez Zuriaga. Directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros