Urge la nueva supervisión financiera
Como no puede ser de otro modo, la supervisión y regulación de los mercados financieros siguen marcando la agenda política a uno y otro lado del Atlántico. Tras los principios generales pactados a nivel de G-20, las dos orillas del Atlántico han empezado a pergeñar las reformas necesarias para que ningún segmento del mercado escape a la vigilancia de las autoridades y para que ningún producto de inversión, por sofisticado que sea, se libre de unas mínimas normas de transparencia.
En esa buena dirección apuntan los planes anunciados anteayer por la Administración Obama, que ha decidido conferir a la Reserva Federal (Fed) la autoridad necesaria para vigilar los riesgos sistémicos del mercado financiero. Y en esa misma adecuada dirección se pronunciará hoy el Consejo Europeo, que se celebra desde ayer en Bruselas, al respaldar el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión propuesto por el reciente informe de Jacques de Larosière.
Europa no puede quedarse rezagada por detrás de Washington. Todo lo contrario. En una Unión monetaria como la del euro, con 16 países implicados, la necesidad de una estructura de supervisión clara y fuerte es más urgente si cabe que en un país como Estados Unidos.
Para lograr ese marco, y en línea con las propuestas del grupo presidido por el ex director general del FMI y del que formó parte el español José Pérez, la UE creará un Sistema de Autoridades de Supervisión (para banca, seguros y Bolsa) y un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos. Ambos organismos están todavía lejos de la figura de un supervisor único europeo. Pero cabe esperar que permitan una coordinación de los supervisores nacionales suficientemente profunda y detallada, pero sobre todo eficaz como para lidiar con el posible colapso de entidades financieras transfronterizas.
El desmantelamiento del grupo belga-holandés Fortis el año pasado demostró que esa hipótesis es menos remota de lo que se había pensado hasta ahora. Europa no puede permitirse construir un mercado financiero integrado y mantener, al mismo tiempo, unas estructuras de supervisión que no se corresponden con la realidad supranacional de los grandes grupos.
El Consejo Europeo está en la obligación de dar hoy el impulso político necesario para que ese anacronismo termine cuantos antes; por ejemplo, en 2010, como propone la Comisión Europea. Londres ya ha hecho oír sus protestas y ha introducido la salvedad de que las nuevas autoridades de supervisión en ningún caso podrán tomar decisiones que afecten a la soberanía fiscal de un país. Bruselas parece dispuesta a aceptar esa limitación con tal de sacar adelante lo antes posible la necesaria reforma. Pero, tarde o temprano, la UE también deberá afrontar el inevitable reto de dar una respuesta presupuestaria a las implicaciones transfronterizas de una posible quiebra.