No se sostiene
Hace unas semanas el presidente del Gobierno anunció la próxima elaboración de una Ley de Economía Sostenible en la que se definiría nuestro nuevo modelo económico de crecimiento. Pasado un tiempo prudencial, del contenido de la proyectada ley sólo se conoce el nombre, tres o cuatro invocaciones ambiguas a cuestiones genéricas, y su intensa utilización en la reciente campaña electoral.
Lo cierto es que pretender cambiar el modelo productivo declarándolo en una ley es una pretensión, además de peculiar, completamente inútil para el objetivo declarado. Valga un ejemplo dolorosamente ilustrativo: la Constitución española consagra el derecho de los españoles a tener un trabajo y, sin embargo, dicha declaración resulta absolutamente inocua para los actuales cuatro millones largos de desempleados.
La cuestión es conocer las medidas y reformas concretas que se van a implementar para dinamizar la economía. Y en este punto, la posición de Zapatero resulta decepcionante. Y lo es porque permanece enrocado oponiéndose a cualquier medida que pueda dinamizar o liberalizar la economía española, sea la flexibilización del mercado laboral; la reforma del sistema de pensiones públicas; la reducción de las Administraciones públicas; las rebajas fiscales; el levantamiento del veto a la energía nuclear, o la recuperación del mercado único
Adicionalmente, el inmovilismo se sitúa en el minarete de la ideologización, revistiéndose como defensa social del Estado de bienestar, lo que falsea el debate. Veámoslo en sentido contrario, ¿cuál es el motivo por el que el actual Gobierno no duplica el salario mínimo, no triplica las pensiones, no cuadruplica las indemnizaciones por despido, no quintuplica el número de funcionarios y no sextuplica las subvenciones a los sindicatos? Sin duda, no se debe a que desee limitar la mejora en las condiciones de vida de los españoles. Sencillamente, obedece a que semejantes medidas resultan económicamente imposibles (no sostenibles en la terminología al uso). Pues este motivo y no otro es el que alimenta las propuestas de reforma que son permanente y frontalmente rechazadas por Zapatero.
En efecto, el actual escenario de crisis económica -intensa y prolongada- requiere tanto volver a poner en marcha el reloj de las reformas estructurales -parado desde 2004-, como identificar los límites del Estado de bienestar que es posible sostener en el tiempo. Y además es relevante subrayar que, en el tiempo, dichos límites guardan una relación directa con la intensidad de las reformas que se practiquen.
Por el contrario, de mantenerse las actuales posiciones inmovilistas que impiden las necesarias reformas estructurales y las modificaciones del actual estatus, se provocarán dos consecuencias y ambas negativas. En el corto y medio plazo, se dificultará y ralentizará para la economía española la salida a la actual crisis. En el largo, se habrá socavado la sostenibilidad de nuestra economía.
La reciente campaña electoral europea ha girado en buena medida alrededor de las posiciones anticrisis de unos y otros. En ella, la izquierda europea -también la española- ha izado con fuerza y entusiasmo la bandera del asistencialismo estatal, defendiendo lo que ha denominado una "salida social a la crisis". Los resultados electorales han sido diáfanos y no dejan lugar a la duda. Los ciudadanos europeos -también los españoles- no confían en las recetas socialistas frente a la crisis. Sin duda, no es que deseen menores niveles de asistencia estatal, ocurre que quieren que sea aquélla que sea posible sostener en el tiempo.
Pues bien, es el momento de leer e interpretar el juicio que han dejado en las urnas los europeos -también los españoles-. Hay que olvidarse de las leyes con títulos pomposos y de las apelaciones totémicas a los supuestos brotes verdes, pues unas y otros serán tan inútiles en el futuro como lo fueron en el pasado reciente las reiteradas negativas a la existencia de la crisis. Y hay que abordar con decisión el conjunto de reformas estructurales que necesita la economía española. Para hacerlo, hay que desprenderse de toda hipoteca inmovilista, venga ésta de los sindicatos, de la patronal bancaria o de posiciones nacionalistas. Sólo así, y no con títulos de leyes, se hará sostenible a la economía española.
Ignacio Ruiz-Jarabo. Ex presidente de la SEPI y socio de CET-Consulting Tributario