COLUMNA

Por una política de rentas necesaria y pactada

Hace unas semanas, desde esta misma tribuna, afirmaba que hay que abordar la situación actual como la primera etapa de un largo proceso de reestructuración, que se va a extender más allá de la caída cíclica del PIB. Nos guste o no, hoy nos encontramos frente a una de aquellas situaciones que exigen, simultáneamente, políticas de ajuste y de reestructuración. De ajuste, para hacer frente a la caída del empleo y de la actividad. Y de reestructuración y reforma, que nos sitúen adecuadamente en la línea de salida de la recesión actual, al tiempo que permitan también hacer frente al ciclo.

Entre la amplia panoplia de políticas deseables, quisiera centrarme en la de rentas, que está hoy en el centro del debate económico del país. æpermil;ste se está formulando, me parece, de forma muy parcial. Desde el ámbito sindical, se afirma, con razón, que la crisis no la han generado los trabajadores y que, por tanto, no es a ellos a los que hay que pedir cuentas. Desde el empresarial y desde algunas instancias técnicas, por su parte, se insiste fundamentalmente en la necesaria reforma del mercado laboral.

Planteada así la cuestión, como una pugna entre los que defienden derechos adquiridos por los trabajadores y los que postulan su cambio, el problema tiene difícil salida. Me parece más adecuada, y también más justa, una aproximación que integre al conjunto de las rentas en el debate.

Antes de continuar, permítanme destacar algunas medidas que ya se han tomado en países de nuestro entorno. En Irlanda, la caída de salarios (privados y públicos) se acerca al 10%, mientras que en Letonia supera con creces esta cifra. En Gran Bretaña el proyecto presupuestario plantea la subida del tipo marginal sobre la renta del 40% al 50%, siguiendo la estela de las propuestas fiscales de la Administración Obama. Es decir, gravar con mayor intensidad las rentas más altas.

¿Qué está sucediendo? Pues que los países que están en el euro (Irlanda), o quieren entrar en él (Letonia), han aceptado que sus sociedades se han empobrecido con la crisis y que, dado que no pueden (o no quieren) devaluar sus monedas, reconocen su pérdida de renta y aceptan reducciones salariales. En aquellos que no necesitan fijar su tipo de cambio, como en Gran Bretaña, la disminución del nivel de vida es directa a través de la muy importante depreciación de la libra esterlina. Y el alza impositiva para aquellos con ingresos más altos contribuye a una mejor redistribución de los costes de la crisis.

Valgan estos ejemplos para destacar que el necesario consenso sobre las medidas de ajuste y reestructuración en el mercado de trabajo sólo aparecerá cuando se discuta sobre todas las rentas, y no sólo sobre las salariales. Ciertamente, es imprescindible abordar el debate sobre una necesaria congelación salarial en el sector público para 2010 y, también, sobre la reforma de la negociación colectiva, que vincule avances salariales a productividad. Como lo es que hay que discutir abiertamente sobre la dualidad, e injusticia, de nuestro mercado laboral. Pero es también necesario plantear si es adecuado el nivel de fiscalidad personal (o sobre el consumo), en la línea de una más justa redistribución de los costes de la crisis entre todos los estamentos sociales.

El país es más pobre hoy que ayer. Y, probablemente, lo será más todavía mañana. Parte de este empobrecimiento sólo se puede recuperar aumentando nuestra competitividad. Ello implica incrementar la productividad y mantener controlados los costes laborales, requisitos necesarios para la caída de los costes laborales unitarios. Y aunque hoy los que más sufran los embates de la crisis sean los asalariados del sector privado con contrato temporal, es toda la sociedad la que se ha empobrecido.

Contención salarial y redistribución de la presión fiscal, con un mayor énfasis en los ingresos más elevados, constituyen dos caras de una misma política de rentas dirigida a afrontar la crisis. Y, probablemente, si pudiéramos ponernos de acuerdo sobre la distribución del ajuste en curso, sentaríamos las bases para la necesaria, y también ineludible, reforma del mercado de trabajo.

Josep Oliver Alonso. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona