El futuro del rating
Cuál es el futuro de las agencias de rating y cómo deberían ser tratadas en el nuevo marco regulatorio internacional de los mercados financieros? Estas cuestiones han sido debatidas apasionadamente en los últimos meses y ya se está produciendo un consenso al respecto. La UE está ultimando la legislación para registrar y regular a las agencias de rating por primera vez en la región y se prevé que la reunión del G-20 del próximo mes en Londres reafirme la necesidad de adoptar un enfoque coordinado a nivel global para supervisar a estas compañías.
El punto de partida de estos análisis es el hecho de que algunos productos estructurados no han tenido una buena performance. S&P ha reconocido que las hipótesis empleadas en el análisis de los ratings de los productos estructurados relacionados con la vivienda en EE UU en los últimos años no han sabido anticipar completamente el alcance de los extraordinarios problemas que hemos presenciado recientemente en el mercado hipotecario de este país. Lamentamos este hecho, y los importantes cambios realizados en nuestra actividad son muestra de que hemos aprendido de la experiencia.
A su vez, los inversores y los políticos han valorado positivamente que los ratings, que son un lenguaje común y transparente para evaluar y comparar la solvencia crediticia, mantengan su importancia para el buen funcionamiento de los mercados de capitales. Proporcionan información útil para los inversores acerca del riesgo crediticio y ayudan a las empresas y a los Gobiernos a acceder al capital. De hecho, la mayoría de las calificaciones de S&P han resultado correctas, incluso en el entorno actual, y su historial de fallos mantiene su fortaleza. Es necesario un sistema que no reste autoridad ni destruya las calificaciones, sino que cree confianza a su alrededor entre sus usuarios y el público más amplio.
Por eso los políticos están pensando, acertadamente, en crear un sistema global de supervisión que regule las agencias de rating. Para conseguir recuperar la confianza en los ratings, este régimen necesita una coherencia global basada en normas ampliamente aceptadas.
Dada la naturaleza global tanto de las calificaciones como de los mercados, existe un fuerte deseo entre los usuarios de los ratings a nivel internacional por evitar los regímenes conflictivos. No deberíamos permitir que se desarrollase una situación en la que el significado de la calificación de un mercado sea considerado diferente en otro, ya que tendrá graves consecuencias, aunque indeseadas, sobre los emisores y los inversores en los ámbitos individuales.
¿De qué modo debería funcionar, en la práctica, semejante régimen? En primer lugar, los reguladores deberían concentrarse en supervisar las políticas y normas de las agencias de calificación para administrar posibles conflictos de interés. Las opiniones y las metodologías sobre las calificaciones deberían verse libres, sin embargo, de interferencias reglamentarias.
En segundo lugar, las agencias de calificación deberían someterse a intensas inspecciones periódicas de los reguladores para comprobar que actúan de acuerdo con sus procesos y políticas. Si no fuera el caso, deberían aplicarse sanciones. La regulación debería exigir una gran transparencia sobre las metodologías, los modelos y la evolución de las calificaciones para ayudar a los inversores a compararlas y formarse su propia opinión sobre la solvencia del análisis de calificación.
El significado y el uso de los ratings también deberían estar claros, incluyendo las limitaciones y el nivel de riesgo inherente a una calificación. Las calificaciones sobre los productos nuevos y complejos deberían ser diferenciadas y tendría que considerarse exigir a los emisores de los citados valores suministrar públicamente información sobre estas transacciones, que actualmente las agencias de calificación reciben de forma confidencial.
Las agencias de rating deben rendir cuentas a los reguladores de modo que el mercado garantice la integridad del proceso de calificaciones. Ha de ser así en cualquier modelo de negocio, ya que todos ellos -tanto si paga el inversor, el emisor o el Gobierno- implican posibles conflictos de interés y diferentes niveles de transparencia. Los políticos deberían fomentar la competencia entre las empresas con diferentes modelos de negocio y los inversores deberían ser libres de decidir sobre la credibilidad de las agencias de rating según la calidad, la integridad y las prestaciones de sus calificaciones.
Finalmente, los Gobiernos deben vigilar el modo en que los reguladores y los inversores utilizan las calificaciones. Si se usan como valores de referencia de la solvencia crediticia en regulaciones, como indica el marco de Basilea II, también deberían considerarse otros valores de referencia. Esto ayudaría a evitar que se fomentase involuntariamente una dependencia excesiva de los inversores y de los bancos sobre los ratings, en lugar de considerarlos, como debería ser, uno de los varios factores del proceso de toma de decisión.
Deven Sharma. Presidente de Standard & Poor's