El Gobierno estudia privatizar las redes de transporte de REE y Enagás
El Ejecutivo tiene encima de la mesa un cambio legal, que se incluiría en el plan de reactivación económica que podría aprobarse el viernes, para separar la propiedad de las redes de transporte de electricidad y del gas de la gestión de los sistemas que ejercen REE y Enagás. Ello supondría dinamitar el modelo recomendado por la UE que España adoptó en 2007, con la privatización de la actividad del transporte y la gestión de los dos sistemas en un ente público.
El Gobierno está ultimando un paquete de medidas de reactivación económica, que incluirá, entre otros, un real decreto ley escoba que permitirá modificar algunas leyes. Este plan, que podría aprobar el Consejo de Ministros este viernes o la próxima semana, según fuentes cercanas al Ejecutivo, incluye importantes medidas para el sector energético, algunas relacionadas con las negociaciones para poner freno al déficit de tarifa.
Sin embargo, la más relevante de las que está encima de la mesa no tiene relación alguna con el déficit. Se trata de la segregación de las dos actividades que mantienen en estos momentos Red Eléctrica y Enagás, que son los operadores de los sistemas eléctrico y gasístico y que, a su vez, ejercen como transportistas (casi únicos) de las redes españolas de alta tensión y de la red troncal de gasoductos, respectivamente.
La medida, propuesta por el Ministerio de Industria, ha generado la alarma en ciertos ámbitos políticos y en las propias empresas, pues supondría privatizar y colocar en el mercado a REE y Enagás, en las que la SEPI tiene un 20% y un 5% del capital de cada una. La operación de las redes respectivas pasaría, por su parte, a un ente público en los que ambos se fusionarían para aprovechar las sinergias que se derivan del cada vez mayor uso del gas en la producción de electricidad.
Las dos empresas serían a partir de ahora opables si sale adelante la propuesta que se ha planteado
Protección del accionariado
En estos momentos, el capital de REE y el de Enagás están protegidos con limitaciones a los inversores, que no pueden superar el 5%. Además, las operadoras de sus respectivos sectores no pueden ejercer derechos políticos por encima del 1%. Esta protección se justifica no por el transporte, sino por la operación del sistema, una actividad relevante, pues exige total independencia, pero que supone un peso ínfimo en las cuentas de las empresas.
Si prospera esta idea de Industria, desaparecería la citada limitación, con lo que REE y Enagás, sólo como transportistas, 'serían fácilmente opables, pues la prima negativa de esa limitación desaparece', según fuentes empresariales. Detrás de esta propuesta hay quien ve la mano negra de las eléctricas, 'que quieren a un gestor de la red débil, sin la fortaleza que le da el tener en sus manos el transporte. Esto les permite garantizar el suministro y hacer frente a temporales como los que azotaron en enero el norte de España y el sur de Francia, donde REE evitó la interrupción del suministro'. Es así porque el operador 'tiene prevalencia sobre el transportista'.
Esta separación implicaría una modificación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley Eléctrica, que fueron adaptadas en julio de 2007 a las respectivas directivas sobre electricidad y gas. Una reforma reciente en la que el Gobierno optó por el modelo TSO (Transportista y Operador æscaron;nico, en sus siglas en inglés), que implica, además, que el operador de la red gestione a su vez toda la red de alta tensión. Los TSO están obligados, eso sí, a una separación funcional de ambas actividades.
Frente a este modelo, el que recomienda la Unión Europea, se implantaría el ISO (con las dos actividades separadas), que es el que ahora está en la mesa. 'Ningún país del mundo con TSO se ha pasado al ISO', aseguran. Los críticos del TSO opinan que, como el operador es el que decide las inversiones necesarias en infraestructuras (9.700 millones hasta 2016), puede entrar en conflicto con el transportista, que tiene otros intereses.
La reforma de la CNE y las medidas del déficit
Además del cambio de modelo del transporte y de la operación de los sistemas energéticos, a los que muchos se oponen sobre todo ahora que los centros de decisión de muchas eléctrica están fuera de España (Endesa, en Roma; Viesgo, en Düsseldorf y HC, en Lisboa), Industria ha propuesto otras medidas energéticas para incluir en el plan de reactivación económica.A través de un real decreto ley, se podría proceder a una reforma de la Comisión Nacional de la Energía, tanto para reelaborar o eliminar su función 14 (que quedó mermada tras las sentencias del Tribunal de la UE a raíz de la opa sobre Endesa) o de una reducción del número de consejeros. También podría anularse, como han pedido las eléctricas, el Real Decreto Ley 11/2007 que les minora los ingresos derivados de los derechos de CO2 que reciben gratuitamente y trasladan al precio de la energía, y dar forma legal al trasvase de algunas partidas de la tarifa eléctrica a los Presupuestos, que forma parte del trato con las empresas para poner coto al déficit.El Gobierno aprovechará para aprobar el real decreto que fija la tarifa de último recurso (TUR) que entrará en vigor en julio y prevé incluir una recomendación para que se otorgue el aval del Estado a la deuda del déficit que está sin titulizar (unos 6.000 millones) para que ésta pueda ser subastada entre los bancos.
Tajada apetecible
El que una reforma como la que se estudia para REE y Enagás se esté planteando en plena recesión como una medida de reactivación económica resulta sorprendente. Sus artífices la justifican por las grandes inversiones que hasta 2016 deben realizar estas empresas dentro de la planificación energética, que asciende a 9.700 millones. Una tajada, que retribuye la tarifa, muy apetecible para las eléctricas.